La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promovido acciones legales en España contra el empresario Víctor de Aldama tras sus declaraciones sobre un sobre con documentación de PDVSA que, según él, ella le entregó. Rodríguez exige una retractación y, de no producirse, avanzará con una querella. El caso ha sido encomendado al despacho del exjuez Baltasar Garzón.
Antecedentes de las afirmaciones del empresario y la respuesta de la mandataria venezolana
Víctor de Aldama, empresario condenado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, ha declarado en varias ocasiones que Delcy Rodríguez le entregó un sobre procedente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con material relacionado presuntamente con actividades de financiación irregular del PSOE y la Internacional Socialista. Estas manifestaciones se produjeron en programas de televisión los días 4 y 5 de febrero de 2026, así como en comparecencias ante la Audiencia Nacional en enero y marzo de ese año.
En respuesta, Delcy Rodríguez ha calificado dichas afirmaciones como falsas e inveraces. Según la documentación presentada, la mandataria venezolana sostiene que no entregó ese sobre y que la atribución le causa un perjuicio en su imagen al vincularla con posibles ilícitos. El escrito de conciliación previo a una posible querella por injurias o calumnias fue registrado en los juzgados de Madrid el 29 de abril de 2026.
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Rodríguez ha otorgado poder especial al abogado Pedro Javier Díaz Carreño, del despacho Ilocad dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, para representar sus intereses en este procedimiento. En el documento, se indica que no se conoce el domicilio actual de Aldama, aunque se menciona que podría encontrarse en Madrid según informaciones periodísticas.
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El procedimiento de conciliación y las próximas etapas judiciales
El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha fijado el acto de conciliación para el próximo 16 de julio. En este trámite, se busca que Aldama reconozca que las afirmaciones sobre la entrega del sobre por parte de Rodríguez no se ajustan a la realidad y se retracte públicamente de ellas.
De no alcanzarse acuerdo, la parte de Delcy Rodríguez se reserva el derecho a presentar querella penal y a reclamar indemnización por daños y perjuicios en vía civil. El escrito subraya que la imputación implica una participación, en sentido amplio, en hechos que contra otras personas podrían ser constitutivos de delito, lo que genera un contexto negativo para la imagen de la presidenta encargada de Venezuela.
Fuentes cercanas a Víctor de Aldama han señalado que el empresario no tiene intención de retractarse y que mantendrá sus declaraciones. Aldama ha entregado el sobre en cuestión a la Justicia en el marco de otras investigaciones y continúa colaborando con las autoridades en procedimientos abiertos, incluida una pieza secreta relacionada con pagos en efectivo en la sede del PSOE.
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Contexto del sobre de PDVSA y la relación previa entre las partes
El sobre al que se refiere Aldama lleva el membrete de la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular del Petróleo y PDVSA, con indicación de “Confidencial”. Según investigaciones previas de la Guardia Civil en el caso Hidrocarburos, el remitente era el ministro Manuel Quevedo Fernández y la destinataria, en su momento, Delcy Rodríguez como vicepresidenta. El contenido se describe como un cupo millonario de petróleo.
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Aunque Rodríguez y Aldama mantuvieron una relación estrecha en el pasado, según constan en chats intervenidos en otras causas, la mandataria venezolana ahora marca distancias y afirma desconocer detalles actuales sobre el empresario. La defensa de Rodríguez considera que las declaraciones públicas de Aldama en medios de comunicación amplifican el supuesto daño.
Este procedimiento se desarrolla de forma independiente a otras investigaciones en curso en la Audiencia Nacional relacionadas con supuestas irregularidades en financiación, donde Aldama ha aportado información. La iniciativa legal de Delcy Rodríguez se presenta como una medida para defender su honor frente a las imputaciones realizadas.
