Riesgo de censo irregular y críticas al Ejecutivo
El Supremo argumenta que el interés general de un censo electoral veraz y transparente prevalece sobre derechos particulares mientras no se aclare la vía de nacionalización. Fuentes judiciales y medios como El País y Artículo 14 recogen que la Administración no ha aportado a tiempo la relación nominal completa de los afectados, lo que complica la depuración. El Gobierno había impulsado inscripciones masivas al amparo de una instrucción posterior a la ley; ahora el proceso electoral del 29-N se desarrolla con miles de votos potenciales apartados de la urna y bajo custodia diferenciada.
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