El tongo en Brasil queda de manifiesto en las denuncias que circulan tras la proclamación del resultado del segundo turno. El Partido de la Causa Operária y el analista Agustín Laje señalan una sucesión de decisiones que, según sus textos, distorsionan el proceso electoral y convierten la victoria de Lula en un episodio marcado por la excepcionalidad judicial y la presión inmediata sobre el candidato derrotado.
Extensión de horario por un juez vinculado a Lula
Laje enumera que un magistrado del Supremo Tribunal Federal, a las 17:01 horas, extendió dos horas la votación cuando el escrutinio ya había comenzado. Esa medida, según el texto, no sirvió tanto para recoger votos rezagados como para mantener abierto un sistema que debería haber quedado cerrado. El mismo magistrado, añade, pasó por encima de la autoridad electoral competente y fue el abogado que, en su día, obtuvo la impunidad por corrupción para Lula. Estas actuaciones, se sostiene, convierten en papel mojado el principio de legalidad cuando el objetivo es la victoria de un candidato concreto.
Maquinaria estatal y clientelismo de última hora
El mismo análisis denuncia que se presuntamente utilizó la maquinaria del Estado para impulsar la campaña, con decenas de miles de dólares inyectados en el último momento. Esas maniobras clientelares, afirma Laje, están prohibidas por la legislación brasileña. El principio de legalidad, se argumenta, deja de operar cuando el fin es asegurar el triunfo de Lula. El grueso de la prensa, según el texto, ríe estas irregularidades en lugar de exigir cuentas, un comportamiento que no se produciría si las posiciones estuvieran invertidas.
Pasaporte retirado en minutos y amenazas al opositor
Siete minutos después de que el Tribunal Superior Electoral confirmara la derrota de Flávio Bolsonaro, la Policía Federal pidió a Alexandre de Moraes la retirada de su pasaporte; el magistrado la autorizó esa misma noche. El PCO lo califica de persecución política contra quien obtuvo casi 60 millones de votos y cuestiona la autoridad moral del juez, cuya esposa mantiene contratos superiores a 200 millones de reales con empresas de Daniel Vorcaro, el banquero del escándalo del Banco Master. Laje añade que el partido de Lula amenaza públicamente con encarcelar a dirigentes del PL, incluidos diputados electos. El tongo en Brasil, según estos textos, no se limita al recuento: se prolonga en la caza inmediata del perdedor.
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