El pleno de este viernes somete a convalidación dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre y que llegan a la Cámara sin mayoría anunciada.
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Junts pidió anoche la retirada de ambos textos y la redacción de uno nuevo; el Ejecutivo se negó. Pedro Sánchez escribió en X que «ha llegado la hora de la verdad» y que el voto «les retratará ante generaciones enteras».
Un llamamiento para un rechazo ya anunciado
PSOE y Sumar han pedido votación por llamamiento: cada diputado se levanta y dice en voz alta sí, no o abstención, y el trámite se repite dos veces. El PNV y Coalición Canaria solo sostienen el primer texto; los jeltzales lo tildan de «parche puntual con muchas carencias». Junts entregará esta mañana un borrador propio «como punto de partida». Juanma Moreno ha equiparado el pleno a una «moción de confianza» y ha pedido disolver las Cortes, recordando que esta legislatura no ha sacado «ni un solo proyecto de presupuestos». Si caen, las medidas dejan de aplicarse y vuelve la norma anterior.
Qué mete el primero de los decretos de vivienda
El RDL 26/2026, de 96 páginas y en vigor desde el 1 de octubre, suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con un régimen más duro si quien lanza es una entidad que compra inmuebles o carteras por debajo del valor de mercado. Hasta el 31 de diciembre de 2028 limita la compra de sociedades y fondos por debajo del 70 % de la tasación. Regula el alquiler de temporada (causa justificada, de 31 días a 12 meses) y el de habitaciones. Grava al 10 % el piso turístico de menos de 30 noches, baja al 4 % el IVA de la protegida permanente y abre préstamos ICO al 0 % de hasta el 20 % del precio, con tope de 50.000 euros. Prorroga dos años, a petición del inquilino, los contratos que venzan antes de finales de 2028 y topa la actualización hasta el 31 de diciembre de 2027: 0 % si la renta supera el índice y 2 % si no. El mismo texto arrastra medidas energéticas y de transporte ajenas a la vivienda.
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La prórroga que ata al casero
El RDL 27/2026, de artículo único, modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pasados cinco años —siete si el arrendador es persona jurídica—, el contrato se prorroga por plazos iguales si nadie avisa: seis meses el propietario y dos el inquilino. Quien no renueve debe indemnizar con al menos doce mensualidades de una vivienda análoga, según el índice estatal, y nunca por debajo de una mensualidad por año vivido. No hay indemnización si el casero, persona física, necesita la casa para sí o familiares hasta el segundo grado, si el inquilino no la habitó más de seis meses en el último año, si tiene otra vivienda en el mismo municipio o si hay nuevo contrato. Es la norma que el PNV ya rechaza y la que hace inviable el segundo texto.
