La Fiscalía Europea ha anunciado el pasado jueves diligencias en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude que afectaría a fondos comunitarios destinados a las pulseras telemáticas de control en casos de violencia de género.
La Fiscalía Europea (EPPO) habría confirmado que mantiene abierta desde el año pasado una investigación por un presunto fraude en las pulseras antimaltrato financiadas con recursos de la Unión Europea. Las actuaciones, dirigidas por su oficina en Madrid y con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se desarrollaron en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas. El organismo europeo ha precisado que el caso se centra en el posible uso irregular de fondos comunitarios para adquirir dispositivos electrónicos de seguimiento.
Según el comunicado difundido desde Luxemburgo, “estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género”. Por el momento no se ha facilitado información sobre personas investigadas, importes afectados ni el alcance concreto de las diligencias.
El origen del presunto fraude en las pulseras antimaltrato
El expediente se inició el pasado año y se refiere exclusivamente a un posible empleo fraudulento de dinero de la UE destinado a estos aparatos, utilizados para vigilar órdenes de alejamiento y medidas de protección. La Fiscalía Europea no ha aportado más detalles con el fin de preservar el curso de la instrucción. Esta opacidad contrasta con la publicidad habitual que rodea las políticas de igualdad del Ejecutivo, que suelen presentarse como un éxito irrenunciable.
La Comisión Europea y las peticiones ciudadanas
En noviembre de 2025 la Comisión Europea ya había advertido que examinaría los fallos detectados en estos dispositivos, al estar vinculados al hito 472 del plan de recuperación español y, por tanto, al desembolso de fondos comunitarios. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló entonces que el cumplimiento de ese hito se evaluaría cuando España presentase su octava solicitud de pago. En marzo de este año la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abiertas dos reclamaciones de la Confederación Española de Policía y de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, a la espera de aclarar si se había producido un uso indebido de recursos europeos.
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Una gestión que ahora llega a Bruselas
El hecho de que la justicia comunitaria tenga que intervenir sobre un instrumento que el Gobierno presenta como esencial para la protección de las víctimas revela las carencias de una política que prioriza el relato ideológico sobre la eficacia real. Mientras las autoridades españolas no aclaran el destino exacto de cada euro, la Fiscalía Europea investiga sin ofrecer cifras ni nombres. La opacidad oficial, unida a los problemas técnicos ya más que conocidos, deja en evidencia una gestión que ha consumido recursos públicos sin garantizar el resultado prometido.
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