La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha reiterado en tres ocasiones la entrega inmediata de los originales de unos contratos vinculados a PDVSA que sustentan una querella presentada por el despacho de Baltasar Garzón.
Origen de la querella interpuesta en 2017 y traslado a la Audiencia Nacional
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dirigido hasta en tres ocasiones un requerimiento al despacho de abogados Ilocad SL, que representa legalmente a la petrolera estatal venezolana PDVSA y está dirigido por Baltasar Garzón. En esos requerimientos se pide la aportación inmediata de los documentos originales que sirvieron de base para fundamentar una querella contra varios exdirectivos de la compañía que residían en Madrid. Según ha podido conocerse, la insistencia de la magistrada se produce tras haberse detectado irregularidades, raspaduras e indicios de posible manipulación en los contratos entregados por la representación legal de la petrolera para sostener la acusación.
El procedimiento judicial tiene su origen en el año 2017. En aquella fecha, PDVSA presentó, a través de Ilocad SL, una querella contra varios de sus antiguos directivos que habían fijado su residencia en la capital española. En la querella se les atribuía haber organizado una presunta red de desfalco del patrimonio público venezolano. Fuentes consultadas indican que aquella iniciativa procesal fue impulsada directamente por Delcy Rodríguez, quien en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidenta en el gobierno de Nicolás Maduro. La presentación de la querella se produjo en un contexto en el que varios exdirectivos de la etapa de Hugo Chávez, distanciados del gobierno de Maduro, se habían trasladado a España. Según las mismas fuentes, la cúpula del poder en Caracas temía que esos antiguos cargos pudieran facilitar información a los tribunales españoles sobre posibles irregularidades en la gestión de la petrolera.
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La estrategia consistió en presentar la querella antes de que aquellos exdirectivos pudieran actuar como denunciantes. De este modo, PDVSA pasó a ocupar la posición de querellante y se situó como parte perjudicada, mientras que los posibles informantes quedaban en la condición de investigados. La causa se tramitó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado. Dada la dimensión internacional del presunto fraude, el procedimiento terminó siendo asumido por la Audiencia Nacional y quedó finalmente en el juzgado de la magistrada María Tardón. Es en esta fase de la instrucción donde se han puesto de manifiesto las posibles anomalías en la documentación aportada por Ilocad SL.
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El contrato de Bariven de 17,3 millones de dólares y las autorizaciones del sistema SAP
Las posibles irregularidades se concentran en un expediente de compra adjudicado por Bariven, la filial de PDVSA encargada de la contratación y de las adquisiciones internacionales. El contrato objeto de análisis asciende a un importe total de 17.323.454,49 dólares. Dentro de la estructura de la compañía, las autorizaciones de gasto no dependían de decisiones personales, sino que estaban reguladas de forma estricta por el sistema informático SAP, un software de planificación de recursos empresariales que determina qué directivo debe firmar según la cuantía de cada operación.
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Los tramos de autorización vigentes en Bariven, según una orden interna firmada por el director de finanzas de la compañía el 18 de junio de 2011, se establecían del siguiente modo: hasta 1.163.000 dólares se exigía la firma de la directiva Ismary Yéguez; hasta 9.302.300 dólares se requería la firma de Maximiliano Soto; hasta 18.900.000 dólares era necesaria la firma del entonces gerente general de Bariven, César Rincón; y entre 18.900.000 y 27.900.000 dólares se exigía la firma del entonces presidente de Bariven, Javier Alvarado. Al tratarse de una orden de compra por un valor de aproximadamente 17,3 millones de dólares, la norma interna establecía que el contrato quedaba validado únicamente con la firma del gerente general César Rincón, puesto que no se superaba el umbral de los 18,9 millones. No resultaba preceptiva la firma del presidente Javier Alvarado, reservada para adjudicaciones de mayor cuantía.
No obstante, el documento oficial aportado por Ilocad SL ante la Audiencia Nacional presenta alteraciones que han llamado la atención de la defensa de los investigados. En la casilla correspondiente a César Rincón se ha eliminado de forma visible el límite cuantitativo de su autorización, es decir, el tramo situado entre 9,3 y 18,9 millones de dólares. Además, en el mismo documento figura la firma de Javier Alvarado, que, de acuerdo con los tramos establecidos, no debía aparecer en ese contrato. Otro detalle señalado por los abogados de los investigados es el tipo de bolígrafo empleado: las firmas operativas reglamentarias aparecen estampadas de forma homogénea con bolígrafo azul, mientras que la rúbrica de Alvarado aparece realizada con bolígrafo negro, lo que se interpreta como un posible añadido posterior al documento original.
La respuesta de Ilocad SL y la insistencia de la magistrada en obtener los originales
Por su parte, el despacho Ilocad SL ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que se desvincula del origen de la documentación cuestionada. En ese escrito, la representación legal de PDVSA sostiene que los documentos sobre los que se han detectado posibles irregularidades no fueron elaborados por el propio despacho, sino por un equipo de auditores forenses del despacho estadounidense Berkowitz Pollack Brant Advisors. Ese equipo fue contratado por la oficina de Miami de la firma Squire Patton Boggs, que representa a nivel internacional los intereses de PDVSA y que recientemente ha abierto sede en Madrid. Ilocad SL identifica expresamente a Robert C. Aldir como la persona que lideró el equipo de forensic y le atribuye la responsabilidad sobre el origen de los documentos cuya autenticidad ha sido puesta en duda durante la instrucción.
Con esta explicación, el despacho pretende distanciarse de la confección de los informes que sirvieron para fundamentar la querella. Sin embargo, la respuesta no atiende al núcleo de la petición formulada por la magistrada María Tardón: la necesidad de aportar los documentos originales sobre los que se elaboraron dichos informes. Solo mediante el examen de esos originales es posible verificar su autenticidad y descartar cualquier posible manipulación. La insistencia de la juez en obtener esa documentación responde, por tanto, a la necesidad de esclarecer si las irregularidades detectadas podrían afectar a la validez de la prueba aportada y, en su caso, a la calificación jurídica del propio procedimiento.
Hasta el momento, los requerimientos se han limitado a la entrega de los originales y a la aclaración del origen de los documentos. La instrucción continúa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde se mantiene la petición reiterada de la magistrada.
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