El Ejecutivo estima que un 11% de nuclear ahorraría unos 17.000 millones en descarbonización hasta 2050; el plan nacional contempla hasta el 22%. La oposición —Partido Demócrata, Cinco Estrellas y verdes— votó en contra y recuerda los referéndums de 1987 y 2011. Una encuesta de Demopolis de junio refleja la contradicción: el 51% apoya reabrir la producción, pero una mayoría rechaza una planta cerca de casa.
El sentido común que en España se aplaza
Roma deja de fingir que comprar megavatios franceses es una política industrial. En España, el Gobierno socialista mantiene el calendario de apagón hasta 2035, con una prórroga acotada de Almaraz hasta junio de 2030. La misma izquierda que aquí vende el cierre como virtud ecológica denuncia en Italia «plazos largos» y costes inciertos. El contraste es político: seguridad energética frente a dogma. Quien prioriza megaparques y expropiaciones agrarias sobre generación estable elige dependencia.
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