La Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que levante la cautelar sobre las altas en el censo exterior de la ley de nietos. Alega que el adelanto al 29 de noviembre hace materialmente imposible revisar, antes del 12 de octubre, quién obtuvo la nacionalidad por la presunción de exilio sin acreditarlo uno a uno.
El plazo que vacía la cautelar de la ley de nietos
De 414.632 nuevos inscritos en el CERA por esta vía, 168.896 están afectados por la medida del 10 de septiembre. Un informe situaba el 1 de enero de 2027 como lapso razonable para certificarlos. La LOREG exige el censo —cerrado el 1 de agosto— disponible el 12 de octubre. «El esquema de suspensión, revisión y recuperación de los efectos electorales deviene imposible», y el efecto sería «la privación plena del derecho de sufragio activo con carácter irreversible». No hay cruce automático: parte de los papeles está en otro consulado. En Buenos Aires, Rosario y La Habana los asuntos superan los 20.000 o 30.000.
El ministro habla de «censo alterado»
Félix Bolaños dice que, si no se desbloquea, se acudirá «con un censo alterado» y pide resolver antes de votar y anular después el sufragio de unas 400.000 personas. La cifra no coincide con los 168.896 de la cautelar. Los recurrentes piden mantener la medida «íntegramente» para que no vote quien no documentó el exilio. La Abogacía llama a esa ampliación «extralimitación no permitida». La Sala dio 48 horas de alegaciones.
El ritmo del censo no espera al Supremo
El CERA pasó de 2.736.522 inscritos el 1 de julio a 2.762.829 el 1 de septiembre. El incremento neto subió de 11.166 a 15.141, un 35,6% más de ritmo mensual, según la Oficina del Censo Electoral. Argentina aporta 10.122 altas. Más de 2,4 millones solicitaron esta nacionalidad y unas 600.000 ya la tienen. Esas cifras no equivalen a nacionalizaciones de septiembre ni garantizan el voto del 29-N.
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