Entre 2019 y 2025, la Certificadora Gallega del Noroeste (CGN), con sede en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), habría puesto su sello de sostenibilidad a decenas de mayoristas de hidrocarburos. Según un análisis de El Mundo, basado en certificados, órdenes del BOE y el registro de la CNMC, el Gobierno habría inhabilitado a una treintena de sus clientes, que arrastrarían más de 1.500 millones de euros en deudas con Hacienda y el fondo nacional de biocombustibles. La firma, ahora bajo el sello de AmSpec tras su adquisición en mayo de 2025, seguiría figurando en la lista oficial de verificadores cuya vigilancia corresponde al Ministerio de Transición Ecológica.
El patrón de certificaciones y las inhabilitaciones
De los 49 mayoristas presuntamente expulsados de forma definitiva desde 2019, 31 habrían sido clientes de la Certificadora Gallega del Noroeste. Si se limita el recuento a partir de 2022 (año en que la morosidad del fondo de biocombustibles alcanzó niveles preocupantes), el 83% de los vetados (25 de 30) habrían trabajado presuntamente con esta firma. De los 13 presuntamente sancionados específicamente por incumplir la cuota de biocombustibles, 12 llevarían su sello. Entre ellos figurarían Villafuel (la petrolera vinculada al caso Aldama), Biomar, Martankship, Bio-Zenite o Gaslow.
En el análisis de El Mundo se señalaría que, de las 96 compañías que aparecerían en los listados del Ministerio desde 2019, 57 habrían recurrido en algún momento a CGN y 31 habrían acabado presuntamente expulsadas; ninguna de las 39 restantes, auditadas por otras entidades, habría corrido la misma suerte. Las grandes refinadoras como Repsol, Moeve o BP habrían confiado en Control Union, mientras medianas como Disa o Saras habrían acudido a Bureau Veritas.
El agujero en el fondo de biocombustibles y las deudas con Hacienda
La normativa obliga a los mayoristas a incorporar una cuota de biocombustible. Si no la alcanzan, deben aportar al fondo nacional que tutela Transición Ecológica; lo recaudado se reparte entre quienes superan el umbral. Solo computa el producto que ha superado una auditoría externa de trazabilidad. El papel de las verificadoras no es controlar el cumplimiento de la cuota, sino acreditar que los litros declarados como sostenibles realmente lo son.
Los impagos al fondo habrían pasado de 95 a 581 millones entre 2022 y 2023. Casi ocho de cada diez euros de ese agujero habrían correspondido presuntamente a clientes de la firma gallega. Biomar Oil habría dejado sin abonar 218 millones; Martankship, 135; Medoil, 30, y Omega, 29. En conjunto, los operadores presuntamente expulsados usuarios de CGN habrían acumulado unos 515 millones de deuda con el fondo. Además, quince de esas sociedades figurarían en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria con 1.030 millones pendientes a cierre de 2025 (Bio-Zenite con 233 millones, Metaway con 196 y Biomar con 119).
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Continuidad bajo AmSpec y la vigilancia del Ministerio
CGN expidió presuntamente 64 certificados a mayoristas que luego habrían sido inhabilitados, con un pico de 13 en 2023. Algunos casos habrían presentado signos de alarma: Nascor se habría pasado presuntamente a esta verificadora en junio de 2023, año y medio después de haber quedado bajo administración judicial; Gaslow habría renovado su acreditación en 2022, el mismo año en que presuntamente entró en concurso. En cuatro supuestos (Medoil, Bio-Zenite, Stimilon y Plamanvisa) el sello habría seguido vigente el día en que Transición Ecológica presuntamente las vetó.
Hafesa, el operador de Alejandro Hamlyn (empresario huido a Dubái y relacionado con los audios de Leire Díez), habría recibido el sello casi todos los años desde 2019 y lo habría renovado presuntamente en marzo de 2026, ya bajo AmSpec Iberia, hasta 2027. El ministerio de Sara Aagesen la habría inhabilitado temporalmente en agosto. Hoy CGN ya no existe como sociedad independiente; fue absorbida por AmSpec Iberia, que certificaría desde la misma dirección en Vilagarcía y con la misma persona de contacto. Fuentes próximas al departamento aseguran que «Estamos encima», aunque ni AmSpec ni responsables oficiales del ministerio han ofrecido comentarios adicionales.
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