La imputación de Zapatero ha levantado un polvorín de sospechas que apuntan directamente a la Moncloa. Resulta, cuanto menos, inquietante que la citación como investigado del expresidente se produjera justo a la misma hora en la que tenía programado un vuelo, una coincidencia que en los círculos de inteligencia se interpreta como un posible aviso previo. El caso de la aerolínea Plus Ultra no es solo un escándalo de malversación; es la punta del iceberg de una posible red de influencias que conectaría el Palacio de la Moncloa con el régimen chavista y sus testaferros internacionales.
Las preguntas se amontonan ante tanta incertidumbre por todas las novedades que van saliendo: ¿Por qué la UDEF, que parece bajo el control férreo del Ministerio del Interior, actúa precisamente ahora? Todo indica que la colaboración forzosa con las autoridades de Estados Unidos ha dejado a Pedro Sánchez sin margen de maniobra. Ante la imposibilidad de seguir ocultando las pruebas enviadas desde Washington, el sanchismo parece haber optado por una "operación de control de daños" para evitar que el escándalo salpique a las hijas de Zapatero que por cierto o al propio núcleo del Gobierno, intentando desviar la atención de una trama que huele a podrido.
El papel de la UDEF en el caso de la aerolínea Plus Ultra
La entrada en escena de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no parece una iniciativa propia del Gobierno, sino una imposición externa. La Fiscalía norteamericana ha puesto sobre la mesa un arsenal de pruebas que incluyen pinchazos telefónicos y rastreos bancarios que vinculan el rescate de Plus Ultra con el lavado de dinero de PDVSA.
En este contexto, el caso de la aerolínea Plus Ultra revela que el Ministerio de Transportes y el Banco de España, bajo el mando de José Luis Escrivá, que es mencionado tras presuntamente otorgar su departamento trámites clave para el rescate de la aerolínea e ignoraría las advertencias de insolvencia de la compañía para inyectar dinero público en una empresa que, según Jesús Ángel Carbajo (auditor de Plus Ultra), estaba en quiebra técnica desde 2020 ya que reconoció que no tenía liquidez y que pudo ver "alguna factura" de la famosa empresa vinculada a Julio Martínez, Análisis Relevante.
Es escandaloso que, mientras se procedía a la detención, no se realizara un registro exhaustivo en la vivienda del expresidente ¿Por qué no registraron el domicilio?. Esta gran incógnita nos hace pensar que pudiera ser un posible trato de favor que el sistema tenga diseñado para proteger a los suyos, permitiendo que pruebas críticas puedan desaparecer antes de que un juez independiente ponga sus manos sobre ellas. La sumisión de la cúpula policial a las órdenes de Interior refuerza la tesis de que podríamos estar ante un teatro orquestado para cumplir con el expediente ante los EE. UU. sin desmantelar realmente la red de intereses.
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Estampida ministerial: viajes relámpago mientras estalla el escándalo
Lo más sospechoso no es solo la imputación, sino la evidente huida coordinada de los pesos pesados del gabinete de Sánchez. Mientras la policía judicial actuaba, la agenda oficial de "La Moncloa" mostraba una desbandada generalizada hacia el extranjero. Resulta sumamente raro que, justo el día en que se registra esta operación, ministros clave hayan puesto tierra de por medio para no dar la cara ante la opinión pública y evitar las preguntas incómodas de la prensa.
Entre los "fugados" por agenda encontramos a Ernest Urtasun (Cultura), refugiado en Londres visitando exposiciones; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, también en Reino Unido; al responsable de Exteriores, José Manuel Albares, en Berlín; e incluso al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha cruzado el Atlántico con destino a Canadá. Esta coincidencia de viajes internacionales el mismo día 20, fecha clave de la operación, apunta a una estrategia de vacío institucional. "Es la vieja táctica del avestruz: esconder la cabeza fuera de nuestras fronteras mientras el fango inunda el Consejo de Ministros", señalan fuentes críticas con el Ejecutivo.
El factor Alex Saab y la extradición que lo cambió todo
La reactivación judicial contra Zapatero no es casualidad; coincide milimétricamente con la entrega de Alex Saab a la justicia estadounidense. Saab, el cerebro financiero de la dictadura venezolana, posee los secretos de la financiación de la izquierda radical en Europa. La cooperación inevitable entre la UDEF y las agencias estadounidenses ha forzado a la justicia española a moverse. Los flujos de dinero que antes circulaban por Suiza y Dubái ahora están bajo el microscopio de la inteligencia norteamericana, lo que ha dejado a los mediadores del chavismo en España totalmente desprotegidos.
Mientras el entorno de Zapatero recibía supuestamente 450.000 euros por asesorías, la aerolínea presuntamente servía de puente para mover fondos de origen ilícito. Es inadmisible que altos cargos del Estado hayan permitido que España se convierta en el lavadero de confianza del narcodictador Maduro, utilizando instituciones públicas para favorecer a empresarios de dudosa reputación como Víctor de Aldama.
La red de influencias y el silencio sospechoso del sistema
Resulta llamativo que, a pesar de las evidencias, las hijas de Zapatero hayan quedado fuera del foco judicial inmediato, a pesar de que su entorno financiero está bajo grave sospecha. Esta "protección selectiva" es típica de un régimen que agoniza pero se niega a soltar el poder. Además, el cese sospechoso por parte de el empresario chino vinculado a Zapatero Fangyong Du de empresas vinculadas al entorno del expresidente apenas dos días antes de la acción policial indica que podrían haber existido filtraciones al más alto nivel. ¿Quién ha podido ser?
Es necesario recordar que Zapatero siempre se jactó de sus "miles de horas" de mediación en Venezuela. Hoy sabemos que esas horas tenían un precio y que el caso de la aerolínea Plus Ultra es solo el comienzo. La conexión con Delcy Rodríguez y el uso de canales diplomáticos para fines particulares demuestra que la política exterior de España ha estado secuestrada por intereses privados. Si la justicia no llega hasta el final, quedará claro que en España la ley solo se aplica a quienes no tienen un carné del partido en el poder o un título de exmandatario.
