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Merino, que había alertado a la Fiscalía Europea, vio cómo su denuncia judicial en Zamora terminaba archivada provisionalmente. Tras la publicación, la presunta maquinaria de Hacienda se activaría inmediato. "Una investigación de este calado no se hace sin el conocimiento de la ministra", señaló Merino, destacando que solo el más alto nivel podía ordenar un dispositivo de tal envergadura.
Esta reacción no buscaría esclarecer las irregularidades, sino silenciar presuntamente a quienes las denuncian. Sería así, el modus operandi habitual de un Gobierno que, en lugar de rendir cuentas, preferiría desplegar operativos internos contra la verdad incómoda.
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La operación “rastreo total”: gadgets y archivos bajo lupa
La Intervención General del Estado puso en marcha el 13 de abril de 2023 el informe «Investigación filtración solicitud información OLAF», un documento que describe un peinado minucioso digno de la inspectora Gadget: revisión de servicios de impresión, carpetas compartidas, correos electrónicos y patrones de navegación web de los funcionarios del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) y áreas relacionadas.
El texto reconoce que la información filtrada incluía oficios internos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) dirigidos a la Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación. Pese al despliegue, el resultado fue nulo: no se hallaron pruebas de impresiones ni envíos externos, aunque se admitió que cualquier empleado con acceso podía haber copiado los archivos en un dispositivo USB.
Este presunto rastreo exhaustivo evidenciaría las debilidades del sistema, pero sobre todo el afán del Ejecutivo por controlar la narrativa. En vez de investigar las posibles corruptelas en la adjudicación de fondos públicos, Montero y su equipo habrían optado por jugar a ser detectives. Un comportamiento que recuerda más a un régimen obsesionado con la lealtad que a una administración moderna y transparente.
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Medidas de control y el fracaso anunciado de la opacidad
El informe propone implantar herramientas como un sistema de gestión interna de expedientes y la plataforma Carla del Centro Criptológico Nacional para proteger documentos y rastrear cualquier fuga. Medidas preventivas que llegan después del escándalo y que, lejos de solucionar el problema de fondo, pretenden blindar aún más la información sensible.
Este caso ilustraría el patrón típico del sanchismo: gestionar presuntamente los fondos europeos como un coto privado donde las irregularidades se resuelven con operaciones de contraespionaje en lugar de auditorías independientes. Mientras los ciudadanos pagan impuestos, el Gobierno priorizaría proteger sus redes de poder frente a denunciantes como Merino, cuya persistencia ha puesto al descubierto las grietas del sistema.
La filtración demostró que los controles son frágiles, pero la verdadera lección es que un Ejecutivo que reacciona con pánico ante la prensa libre no merece gobernar sin contrapesos reales.
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Una gestión de fondos que exige un cambio profundo
La obsesión por cazar al filtrador, más que resolver las sospechas de favoritismo en los Next Generation, confirmaría que la izquierda en el poder ha convertido las subvenciones en herramienta de clientelismo.
Este episodio, con Montero al frente de su peculiar “misión”, no solo genera risa por su ridiculez operativa, sino preocupación por el estado de las instituciones. Un Gobierno que presuntamente espía a los suyos para tapar posibles corrupciones es un Gobierno que ha perdido el norte ético y democrático.
