Enrique Ortiz
14 de junio de 2025
El pasado 12 de junio se puso en aplicación nueva reglamentación en la Unión Europea con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) –consistente en un paquete legislativo aprobado en 2024– que reforma la gestión de la migración y el asilo en toda la Unión Europea. El objetivo declarado del pacto es crear un sistema común europeo más ordenado, predecible y solidario, que combine fronteras exteriores más controladas, procedimientos de asilo más rápidos y reparto de la responsabilidad entre todos los países de la UE.
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Tiene 4 pilares principales que incluyen: en primer lugar Fronteras exteriores seguras mediante cribado obligatorio en la frontera (registro, identidad, seguridad y salud) y actualización del sistema Eurodac, la gran base de datos europea destinada a almacenar información biométrica y personal de personas solicitantes de protección internacional y de nacionales de terceros países. La ampliación de este sistema busca facilitar la identificación de personas, el seguimiento de los procedimientos migratorios y la cooperación entre Estados miembros en materia de asilo y migración.
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El segundo pilar es el de hacer los Procedimientos de asilo más rápidos con plazos más cortos para resolver las solicitudes. Las normas serán comunes en toda la UE. Habrá obligación de cooperar por parte del solicitante. Toda persona que entre de forma irregular pasará por un control rápido (máximo 7 días) para decidir si puede pedir asilo o debe ser devuelta. El reglamento también detalla los distintos tipos de persecución que pueden justificar una solicitud de asilo y desarrolla conceptos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política como posibles motivos de persecución. Para evitar los actuales retrasos de años y abusos del sistema. En los casos de baja probabilidad de obtener asilo, riesgo de seguridad, etc. la solicitud se tramitará cerca de la frontera.
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El nuevo Pacto introduce un sistema de triaje en las fronteras exteriores de la Unión Europea para todas las personas nacionales de terceros países. Este procedimiento incluye la verificación de identidad, la toma de datos biométricos, controles de seguridad, exámenes médicos y evaluaciones de vulnerabilidad.
El objetivo es determinar rápidamente quién cumple las condiciones de entrada y quién debe ser derivado a procedimientos de asilo o retorno. El sistema también podrá aplicarse a personas que ya se encuentren en situación administrativa irregular dentro del territorio europeo.
El pilar número tres es el de la solidaridad y responsabilidad. Los países pueden elegir entre reubicar personas, pagar contribuciones financieras o dar apoyo operativo. Solidaridad obligatoria pero flexible: Los países tienen que contribuir, pero pueden elegir cómo. Se trata de que ningún país cargue solo con la presión migratoria (especialmente Italia, Grecia y España).
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Por último, están los retornos y cooperación internacional. Se hará un mayor énfasis en retornos eficientes de quienes no tienen derecho a protección. Cooperación con países de origen y tránsitos. Aumentar las devoluciones y reducir la migración irregular.
Se refuerzan los mecanismos para devolver a las personas que no obtengan protección internacional. Se creará un procedimiento específico de retorno para aquellas personas cuya solicitud de protección internacional haya sido rechazada en frontera. Estas personas podrán permanecer hasta doce semanas en instalaciones situadas en las zonas fronterizas mientras se ejecuta la decisión de retorno.
La normativa prevé además la posibilidad de internamiento durante este periodo, aunque no detalla las características que deberán reunir estos centros.
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Movimientos secundarios: Se intenta evitar que las personas se desplacen de un país a otro dentro de la UE.
El pacto es algo más restrictivo que el sistema anterior en cuanto a controles fronterizos y retornos, pero depende de cómo se lleven a cabo todas estas medidas, muchas de las cuales están pendientes de definir después de dos años. Para muestra un botón: El ministro del Interior alemán, Dobrindt, anunció que se identificarán los países socios dispuestos a colaborar antes de que finalice el año. ¿Cuándo se construirían dichos centros de retorno? "Eso es aún un tema espinoso que hay que abordar", respondió el ministro.
Hoy también se vota en Suiza, mediante referéndum, limitar la población a 10 millones de habitantes para el año 2050. Esta iniciativa se debe al aumento de la población suiza en los últimos tiempos. La propuesta, bautizada oficialmente como "Iniciativa de Sostenibilidad", ha sido impulsada por el partido de derecha conservadora Unión Democrática de Centro (SVP/UDC). El planteamiento ha abierto una profunda fractura social y económica en el país helvético, siendo catalogado por analistas internacionales como el potencial "Brexit suizo".
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El mecanismo diseñado por los promotores de la iniciativa introduce un control demográfico estricto y escalonado que se activaría por fases de la siguiente manera:
El umbral de alerta (9,5 millones): Si la población residente permanente (que actualmente se sitúa en 9,1 millones) alcanza los 9,5 millones de habitantes antes de 2050, el Consejo Federal (Gobierno) y el Parlamento estarían obligados por la Constitución a implementar restricciones severas. Estas incluirían el endurecimiento de las condiciones de asilo, la paralización de la reagrupación familiar y la limitación estricta de nuevos visados.
El techo absoluto (10 millones): Si el país alcanza los 10 millones de habitantes, Suiza se vería forzada a prohibir cualquier tipo de inmigración ordinaria.
La ruptura con la Unión Europea: La iniciativa estipula de forma explícita que, si las medidas previas no logran frenar el crecimiento poblacional en un plazo de dos años tras rebasar el límite, Suiza deberá denunciar y cancelar el Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la Unión Europea, arriesgando también su continuidad en el espacio
Argumentos a favor: "Salvar el sello alpino" y las infraestructuras, El bloque del "Sí", liderado por el Partido Popular Suizo (SVP), sostiene que el país está sufriendo una "explosión demográfica" insostenible provocada por la inmigración descontrolada (la población creció un 23% desde principios de siglo). Sus argumentos principales son:
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Saturación pública: El transporte, los servicios hospitalarios, las escuelas y la red eléctrica se encuentran bajo una fuerte presión por la alta densidad poblacional.
Crisis de vivienda: El crecimiento demográfico rápido ha disparado los precios de los alquileres y ha reducido la oferta inmobiliaria transitable en un territorio donde solo un tercio del suelo es habitable debido a las montañas.
Ecología y soberanía: Defienden la medida bajo el concepto de conservación de los recursos naturales y el medio ambiente alpino frente al asfalto.
Argumentos en contra: El pánico empresarial y el desabastecimiento laboral
El Consejo Federal suizo, la mayoría del Parlamento y prácticamente la totalidad del tejido empresarial del país rechazan tajantemente la propuesta. Voces del entorno corporativo la catalogan como la "iniciativa del caos" debido a las siguientes advertencias:
Falta de mano de obra cualificada: Sectores críticos como el sanitario (donde más del 40% de los médicos son extranjeros), la construcción y la hostelería dependen de trabajadores europeos. Limitar su entrada paralizaría la economía.
Aislamiento multinacional: Gigantes radicados en Suiza como Nestlé, Roche o Novartis han criticado el límite, avisando que se verían forzados a trasladar sedes e inversiones fuera del país si no pueden captar talento internacional.
Pérdida de riqueza: Informes del instituto de investigación BAK Economics calculan que el fin de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea podría traducirse en una ralentización económica masiva y pérdidas millonarias para el PIB.
Contexto del voto y panorama europeo
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A diferencia de las iniciativas previas contra la libre circulación impulsadas en 2014 y 2020, esta propuesta introduce por primera vez un número numérico absoluto en el texto constitucional. Las últimas encuestas oficiales publicadas por la cadena pública SRG muestran una fuerte polarización con un margen muy estrecho, arrojando un 52% de rechazo frente a un 45% de apoyo, lo que anticipa un escrutinio de infarto a lo largo de este domingo.
En cuanto a la UE, es evidente que las tímidas medidas que se han propuesto, no van a ser suficientes y van a depender mucho de la voluntad política de llevarlas a cabo.
Pongamos a España como ejemplo, el comisario europeo Brunner critica la regularización masiva de Sánchez mientras la UE endurece sus políticas migratorias. “No es una buena señal” ha dicho.
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