El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un nuevo auto en el que insiste en tramitar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por la vía del tribunal popular si llega a juicio. Esta decisión responde a la exigencia previa de la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló intentos anteriores por considerar insuficiente la motivación. El magistrado acumula en una sola pieza las investigaciones y cita a los implicados para el 1 de abril de 2026.
1. Insistencia en el jurado popular tras corrección de la Audiencia
Tras varios meses de investigación, el juez Peinado ha respondido a la resolución de la Audiencia Provincial —que en febrero anuló su pretensión inicial por falta de fundamentación detallada— con un auto extenso (de alrededor de 47 páginas) donde explica los motivos para dirigir el procedimiento ante un jurado popular. El magistrado unifica las diligencias y acuerda transformarlas en el cauce previsto en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Para ello, convoca a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés —junto con la Fiscalía y otras partes— el próximo 1 de abril a las 12:00 horas, fecha que coincide con el Miércoles Santo.
2. Acusaciones principales y elementos indiciarios destacados
Peinado atribuye a Begoña Gómez presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos, nada menos que cinco delitos. Según el auto, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia se produjo un cambio significativo en la trayectoria profesional de su esposa, quien habría aprovechado su posición institucional para impulsar proyectos académicos y empresariales, como la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense.
El juez señala que Gómez utilizó el Palacio de la Moncloa —su residencia oficial— para reuniones con responsables universitarios y directivos de empresas, como el rector de la Complutense o altos cargos de Indra y Telefónica. También menciona contactos con Google, Deloitte y otras firmas para obtener financiación y apoyo al proyecto de software vinculado a la cátedra. Peinado considera que estas aportaciones de empresas con vínculos al sector público no siguieron cauces ordinarios universitarios, sino canales personales, lo que podría indicar un circuito de favores recíprocos.
3. Rol de la asesora y relación con el empresario Barrabés
Una parte relevante del auto se centra en Cristina Álvarez, asesora pagada con fondos públicos en Moncloa, a quien Peinado acusa de intervenir en actividades privadas de Gómez: gestión de correos, reuniones, patrocinios y convenios relacionados con la cátedra y proyectos tecnológicos, usando tiempo y recursos institucionales para fines particulares. Esto sustenta la hipótesis de malversación.
Respecto a Juan Carlos Barrabés, el juez lo vincula al diseño de contenidos para másteres de la cátedra y a posibles beneficios empresariales derivados de la intervención de Gómez, incluyendo cartas de apoyo a contratos públicos adjudicados a su grupo (como los de Red.es en 2021, con irregularidades detectadas por la Intervención General).
4. Contexto de urgencia por jubilación del instructor
El magistrado, que cumple 72 años en septiembre de 2026, busca cerrar la instrucción antes de su retiro obligatorio, acelerando trámites para evitar que el caso pase a otro juez, ¿por qué será?.... Aunque la investigación continúa, Peinado deja claro que, de llegar a juicio, correspondería a un jurado popular resolverlo, atendiendo a la naturaleza de los delitos y la conexión entre los hechos investigados.
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