En un nuevo episodio que revela las consecuencias de las políticas migratorias fracasadas impulsadas por gobiernos de izquierdas, la Guardia Civil ha desarticulado una red criminal de regularización ilegal que explotaba la situación irregular de extranjeros cobrando hasta 10.500 euros por expediente fraudulento. Esta operación, denominada “Lutasanol”, pone de manifiesto cómo la permisividad con la inmigración descontrolada genera un caldo de cultivo perfecto para el delito organizado, en detrimento de los españoles y de la propia Seguridad Social.
La trama, centrada en Almería pero con ramificaciones en varias provincias, ofrecía contratos de trabajo falsos para simular relaciones laborales inexistentes y obtener permisos de residencia y trabajo de forma ilícita. Según la investigación, se habrían tramitado más de un centenar de expedientes, generando un fraude superior a los 100.000 euros a la Seguridad Social. Este caso no es aislado: refleja el colapso de un sistema que, bajo consignas progresistas, prioriza la llegada masiva sobre el control y la integración real.
La red criminal y el lucrativo negocio de la regularización fraudulenta
La organización criminal operaba con una estructura bien definida. Captaban presuntamente a extranjeros en situación irregular prometiéndoles la ansiada regularización a cambio de sumas que oscilaban entre 4.500 y 10.500 euros. Una vez pagado, proporcionaban contratos ficticios y simulaban altas en la Seguridad Social sin que existiera actividad empresarial real que justificara tales contrataciones.
“La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso”, según detalla el comunicado de la Guardia Civil. Esta práctica no solo estafaba a las víctimas, muchas de ellas desesperadas por regularizar su situación, sino que además permitía el acceso indebido a prestaciones y subsidios públicos. El resultado: un perjuicio directo para las arcas del Estado y para los contribuyentes españoles que sí cumplen con sus obligaciones.
En este contexto, resulta imprescindible recordar cómo las políticas de puertas abiertas del PSOE y sus aliados han fomentado precisamente este tipo de abusos. La izquierda insiste en calificar cualquier crítica como “xenofobia”, pero casos como este demuestran que la verdadera víctima es el Estado de Derecho.
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La extensión interprovincial de la trama y sus cómplices
La actividad delictiva no se limitaba a Almería. La red captaba presuntamente clientes en Murcia y en puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga, demostrando una operativa interprovincial perfectamente coordinada. Contaban con captadores, administradores de empresas pantalla y gestores laborales que daban apariencia de legalidad a toda la operación.
Se procedió a la detención del principal captador y a la investigación de otros tres implicados: dos administradores de una empresa (localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid) y un gestor laboral con despacho en Almería. En el registro del centro de operaciones se intervinieron copias de identidades, nóminas fraudulentas, anotaciones y dinero en efectivo procedente de los cobros.
Esta ramificación geográfica evidencia la debilidad de los controles fronterizos y administrativos bajo gobiernos que han priorizado el relato humanitario sobre la soberanía nacional.
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Las fallidas políticas migratorias que alimentan el crimen organizado
Este desmantelamiento llega en un momento clave, cuando el Ejecutivo de izquierdas promueve nuevas vías de regularización extraordinaria. La red criminal de regularización ilegal desarticulada no surge en el vacío: es fruto directo de un modelo que ha convertido España en un imán para la inmigración ilegal, con las consecuencias previsibles en forma de explotación, fraude y inseguridad.
La izquierda y sus medios afines hablarán de “caso aislado”, pero la realidad es tozuda. Operaciones como “Lutasanol” se repiten porque el sistema está diseñado para fallar. Mientras se destinan recursos públicos a acoger sin criterio, las mafias aprovechan las lagunas para lucrarse. Es urgente una política migratoria basada en la legalidad, la reciprocidad y el interés nacionaly no en la demagogia globalista que tanto daño está causando.
En Nuestra España seguiremos denunciando estos escándalos sin complejos. Los españoles merecen fronteras seguras y un Estado que defienda primero a sus ciudadanos.
