El entramado de relaciones entre el constructor Antxon Alonso y Santos Cerdán vuelve a ocupar el centro de la atención judicial. Según la información que maneja el instructor, el propietario de Servinabar no se limitó a una amistad o a vínculos empresariales formales. Entre el cierre de 2021 y los primeros meses de 2022, cuando Cerdán ocupaba el tercer escalón del partido en el Gobierno y presidía la Fundación Pablo Iglesias, Alonso gestionó la posible compra de un inmueble de un millón de euros destinado al dirigente socialista. Paralelamente, la misma compañía asumió el coste de un renting y abonó salarios a la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, sin que conste actividad laboral real por su parte.
El magistrado Ismael Moreno ha dejado constancia de que, merced a Servinabar, el exsecretario de Organización y su círculo familiar contaron con una presunta fuente alternativa de ingresos no declarada. Ese apunte judicial no es un detalle menor: sitúa la mercantil como instrumento que habría canalizado recursos al margen de las declaraciones oficiales del político.
La operación inmobiliaria frustrada y el renting
La documentación examinada apunta a que Servinabar llegó a formalizar gestiones concretas para adquirir la vivienda. Se entregó una señal y se avanzó en las conversaciones hasta que la parte vendedora se retiró. La ubicación apuntaba a una zona céntrica de Madrid, en el entorno de la Gran Vía. La esposa del dirigente llegó incluso a valorar reformas posteriores por un importe significativo. Al mismo tiempo, la empresa sufragó el primer periodo de un renting de un vehículo Kia Sportage vinculado al entorno de Cerdán.
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Estos movimientos coinciden con el periodo en el que Servinabar mantenía una intensa relación comercial con grandes adjudicatarias de obra pública. La Guardia Civil ha documentado que una parte sustancial de los ingresos de la compañía procedía de proyectos compartidos con Acciona, lo que refuerza las sospechas sobre el origen de los fondos. En este contexto, la fuente alternativa de ingresos no declarada adquiere un relieve especial: no se trata de un ingreso aislado, sino de un patrón de cobertura de gastos personales y familiares.
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Nóminas a la esposa sin contraprestación laboral
Uno de los extremos más llamativos es el abono de nóminas a Francisca Muñoz a través de estructuras vinculadas a Alonso, entre ellas la cooperativa Noran. Durante varios meses de 2018 la mujer de Cerdán percibió cantidades mensuales netas cercanas a los 1.900 euros. Los investigadores no han hallado indicios de que desempeñara funciones efectivas en la empresa.
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Este tipo de pagos se suma a los alquileres de viviendas en Madrid que Servinabar cubrió durante años, incluyendo mobiliario y gastos asociados. El total de beneficios cuantificados por la UCO para Cerdán y su familia entre 2015 y 2024 supera los 323.000 euros procedentes de esta vía. El juez Moreno insiste en que esa fuente alternativa de ingresos no declarada permitió al dirigente y a su entorno sostener un nivel de vida que no se correspondía únicamente con sus rentas oficiales.
La opacidad de estas operaciones invita a un debate necesario sobre los controles reales que existen cuando un alto cargo del partido que sostiene al Gobierno mantiene relaciones económicas con empresas adjudicatarias de contratos públicos. Mientras se predica la transparencia desde las instituciones, los hechos judiciales dibujan un escenario de favores y coberturas que erosionan la confianza ciudadana.
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El patrón de una mercantil al servicio de un dirigente
Servinabar nació en 2015 con capital mínimo y, en pocos años, acumuló adjudicaciones millonarias pese a su limitada estructura. El contrato privado de 2016 por el que Alonso transfería el 45 % de las participaciones a Cerdán, hallado en el registro del domicilio del empresario, es uno de los elementos centrales de la investigación, aunque ambas partes niegan que llegara a producir efectos jurídicos.
La realidad operativa, sin embargo, muestra que la compañía cubrió gastos personales, vacaciones, vehículos y salarios familiares. El propio informe policial señala que Cerdán dispuso de dinero en metálico de origen no acreditado especialmente durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes. La frase del juez Ismael Moreno resume el núcleo del asunto: gracias a Servinabar, el socialista y su familia tuvieron una fuente alternativa de ingresos no declarada.
Este caso no es un episodio aislado dentro de la izquierda gobernante. Formaciones que han convertido la denuncia de la corrupción en bandera política terminan envueltas en tramas que afectan a sus máximos responsables orgánicos. El PP tampoco queda al margen de críticas por su tolerancia hacia redes similares en el pasado, pero la reiteración de comportamientos en el entorno más cercano a Moncloa exige un escrutinio sin concesiones. La ciudadanía tiene derecho a conocer hasta dónde llegan estos entramados y si realmente existen mecanismos eficaces para impedirlos.
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