La cuesta de septiembre no es solo un tópico: el poder adquisitivo de los salarios alcanza para menos que antes del verano. Hasta julio, los convenios colectivos cerraron una subida media del entorno del 3%, después de varios meses por debajo de los precios. En agosto, el INE adelantó un IPC del 4,3% y un índice armonizado del 4,5%. Quien cobra lo mismo, o apenas un poco más, compra menos. El Gobierno de Pedro Sánchez había convertido los datos macro en su último argumento de solidez. Esa coartada se resquebraja.
La inflación española vuelve a situarse a la cola de Europa
Eurostat coloca la inflación armonizada de España en el 4,5% en agosto. Alemania se queda en el 2,9%, Francia en el 2,7% e Italia en el 3,2%. Entre los socios europeos, solo Chipre, Bulgaria y Lituania presentan lecturas peores. El diferencial no es un detalle técnico: encarece la cesta frente a los vecinos y erosiona competitividad.
El INE atribuye el salto, sobre todo, a carburantes y lubricantes —que suben este año y bajaron en agosto de 2025— y, en menor medida, a alimentos y bebidas. La subyacente se modera al 2,9% en el IPC nacional, pero eso no alivia el ticket de la gasolinera ni de la compra semanal. El Ministerio de Economía lo achaca al «shock energético derivado de la guerra en Irán». El Ejecutivo responde con más parche fiscal al gasóleo. No corrige el encarecimiento acumulado ni la brecha con el resto de la zona euro, que Expansión cifra ya en 1,2 puntos sobre la media. Quien soporta el IVA, los carburantes y la presión tributaria lo nota antes que el dato de Moncloa. Lo mismo ocurre cuando Hacienda refuerza su control contra los contribuyentes y jubilados mientras el coste de la vida no afloja.

El TSJ valenciano ha dejado dos fallos en Valencia que dejan al descubierto cómo el Estado trata el ahorro y la ayuda familiar de los pensionistas.
El poder adquisitivo se erosiona mientras el empleo se vuelve más frágil
El otro pilar del relato oficial también se agrieta. El paro registrado subió en 44.419 personas en agosto, el peor dato para ese mes desde 2019 y el doble que un año antes. La Seguridad Social perdió 162.840 afiliados. ATA lo traduce así: «este año la subida del paro duplica la registrada en agosto de 2025 y volvemos a registrar una preocupante destrucción diaria de 5.253 empleos y 95 autónomos» . El 90% de las bajas de autónomos del mes fueron mujeres.
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El total de cotizantes se mantiene en 22,34 millones, inflado en parte por la regularización de extranjeros: a finales de agosto ya se habían incorporado 337.917 afiliados por esa vía. El pastel estadístico crece; la ración de muchos hogares, no. USO recuerda que hay más de 1,3 millones de demandantes de empleo ocupados —12.210 más que en julio— y pregunta «qué tipo de ocupación tienen» quienes, estando dados de alta en el SEPE, trabajan y siguen buscando otro empleo. El mismo sindicato añade que «la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida, que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable».

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Un crecimiento que no se nota en la cesta de la compra
Sánchez tiene poco incentivo para hablar de economía hasta el 25 de septiembre, cuando se publique el dato definitivo de Contabilidad Nacional. El avance del 30 de julio apuntó un +0,7%. Aunque se confirme, el crecimiento por más población —y no por más renta por habitante— no tapa la pérdida de poder adquisitivo ni la precariedad de fondo. El PP, que durante años aceptó el marco de que «los datos van bien» mientras aplazaba cualquier corrección de fondo, tampoco ofrece una alternativa nítida a este modelo de empleo frágil, energía cara y presión fiscal alta.
El campo y el pequeño comercio ya venían avisando: costes al alza, márgenes a la baja y una transición energética que arrincona al productor y asfixia al sector primario. Agosto no inventa el problema; solo lo enseña con números que ya no se pueden maquillar.









