Resolución del Ayuntamiento de Den Bosch y confirmación judicial
Una ciudadana de origen marroquí y nacionalidad de los Países Bajos recibió la prestación bijstand desde el 24 de diciembre de 2013 hasta septiembre de 2024. Esta ayuda de último recurso se concede únicamente a quienes carecen de ingresos o patrimonio suficientes para su subsistencia. Durante ese periodo percibió un total de 162.324,21 euros. El Ayuntamiento de Den Bosch decidió retirar el beneficio con efectos retroactivos desde el inicio y reclamar la devolución íntegra de las cantidades abonadas. El tribunal de distrito de Oost-Brabant respaldó esa resolución y desestimó el recurso de la afectada el 24 de julio de 2026.
Investigación municipal y elementos patrimoniales no declarados
La investigación se inició en mayo de 2024 a partir de una denuncia que atribuía a la beneficiaria un posible empleo no declarado, la existencia de una vivienda en Marruecos y una relación de pareja. El servicio municipal de empleo e ingresos Weener XL examinó entonces su situación económica. Se constató que disponía de una cuenta bancaria en Marruecos abierta en julio de 2013, meses antes de solicitar la ayuda como madre soltera. Ella reconoció la existencia de la cuenta y explicó que la utilizaba para abonar un seguro funerario destinado a cubrir la repatriación de sus restos o los de sus hijos. Los jueces no cuestionaron ese uso, pero señalaron que tenía la obligación de comunicar la cuenta a la Administración neerlandesa. Además, en 2017 formalizó la compra de un piso en Nador que figuró primero a nombre de su hermana y posteriormente de su hija. El consistorio sostuvo que esa inscripción encubría quién estaba realmente detrás de la adquisición, y el tribunal consideró plausible que la beneficiaria hubiera financiado la vivienda.
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Opacidad patrimonial y límites de la recuperación
Imposibilidad de verificar el derecho a la prestación
La resolución judicial establece que la falta de información sobre su patrimonio en el extranjero generó una opacidad que impedía comprobar si la mujer reunía las condiciones para percibir la prestación durante el periodo reclamado o determinar la cuantía que le habría correspondido. La obligación de informar incluía tanto las cuentas bancarias como los bienes situados fuera de los Países Bajos. Al no facilitar esos datos desde el inicio, las autoridades no pudieron reconstruir su situación económica. La recuperación del importe reclamado deberá respetar, en todo caso, el mínimo protegido frente a embargos previsto por la legislación neerlandesa.
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