La cita anunciada para el 29 de noviembre coincide con una situación de interés para la seguridad nacional ya vigente en Ceuta hasta el 31 de diciembre. Esa figura, la que regula la Ley 36/2015, no equivale a una emergencia nacional de las que contempla el artículo 116 de la Constitución y no autoriza, por sí sola, a suspender el sufragio.
La ley vigente no es un estado de excepción
El artículo 23.3 de la Ley 36/2015 dispone que la situación de interés «se afrontará con los poderes y medios ordinarios» y que «en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales». El preámbulo aclara que, si hicieran falta las potestades del estado de alarma o de excepción, «habría que proceder a su declaración» y someterse a su norma propia.
El Real Decreto 681/2026, modificado por el 761/2026, limita el régimen a Ceuta y lo mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026, sin habilitar medidas de alarma, excepción o sitio.
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Qué es la Diputación Permanente
La Diputación Permanente es la comisión reducida que queda al frente del Congreso cuando la Cámara no está reunida, está disuelta o se le ha acabado el mandato. No es un segundo Parlamento ni sustituye al Pleno.
El hueco que ya se usó en 2020
Ni la Ley Orgánica 4/1981 ni la LOREG regulan la suspensión de unos comicios ya convocados. En 2020, Galicia y el País Vasco desconvocaron sin base expresa; en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia anuló una decisión equivalente. La doctrina mayoritaria sostiene que el estado de alarma no impide formalmente la votación, aunque sus límites puedan estorbarla en la práctica. El Ejecutivo no tiene, en la norma de seguridad nacional, un botón para mover el 29 de noviembre.
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