La Junta de Castilla y León ha incluido en su convocatoria de ayudas al cine de 2026 un requisito con el que pretende excluir de los fondos públicos el proselitismo político. La decisión ha encendido al Ejecutivo central, que el 23 de octubre ha dado un primer paso hacia una posible impugnación judicial.
El dinero público del cine, fuera de la propaganda
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que Vox dirige en virtud del pacto de gobierno con el PP, publicó el 9 de octubre en el boletín oficial de la comunidad la convocatoria para financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y pilotos de series de animación y televisión. La partida asciende a 325.000 euros, con un máximo de 60.000 euros por proyecto, siempre que la ayuda no supere la mitad del presupuesto de las fases subvencionadas; además, el anticipo se reduce del 25 al 20 por ciento. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 3 de noviembre.
La novedad es una cláusula por la que los fondos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». La cláusula condiciona el acceso a estas subvenciones, pero no establece una prohibición de producir o exhibir películas. La orden, no obstante, no define qué debe entenderse por adoctrinamiento ni incluye el concepto en los baremos; el consejero Alberto Díaz Pico ha explicado que un comité de técnicos y expertos evaluará los proyectos, y el diputado nacional Carlos Hernández Quero ha defendido que el criterio debe ser la calidad de las obras y no la ideología de sus autores.
El Gobierno lo llama «censura fascista» y anuncia recurso
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó la orden de «censura» y adelantó que su departamento la recurriría. El 23 de octubre, el Ministerio ha presentado un requerimiento respecto de las dos órdenes publicadas este mes, al apreciar «indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad», como primer paso hacia una posible impugnación judicial. A sus reproches se han sumado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha acusado a la formación de pretender adoctrinar con su «ideología fascista», y el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha calificado de «dictadura» el Gobierno autonómico.
También el sector ha mostrado su desazón: la Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la delegación de CIMA Mujeres Cineastas han expresado su «profunda preocupación» por los condicionantes ideológicos y han pedido que las obras se evalúen sin atender a la orientación atribuida a sus autores, si bien rechazan que la convocatoria se anule. Ambos colectivos recuerdan que la comunidad gestiona una de las partidas más modestas del país: sus 325.000 euros contrastan con los 46,3 millones de Cataluña, los 11,14 del País Vasco o los 7 de Galicia.
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«Aperitivo» para toda España
Hernández Quero ha presentado la medida como un «aperitivo» de la «libertad para los creadores» que su partido quiere extender por toda España tras «muchos años de ayuno». En el Congreso, Vox presentó en junio una enmienda de devolución del proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que la Cámara rechazó junto con la del PP: 172 diputados apoyaron devolverlo y 175 votaron en contra. La formación considera que la norma perpetúa un modelo de gasto público sin control y de utilización ideológica de la cultura. El diputado José Ramírez, encargado de defender la enmienda, resumió la postura: los creadores «no necesitan tutela política ni redes clientelares», sino «reglas claras que permitan competir en igualdad de condiciones».
