El Departamento de Comercio de Estados Unidos mantiene abierta una pesquisa para aclarar si el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de Indra —de capital público—, presuntamente facilitó a China tecnología militar del Pentágono. Empresarios norteamericanos de defensa han presentado denuncias y apuntan también al Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico.
Denuncias sobre la tecnología militar del Pentágono
Según Vozpópuli, Washington estudia si la compañía entregó a la industria china registros de productos estratégicos que después se comercializaron como propios. Un empresario, asociado con Indra para Europa y buena parte de Latinoamérica, relató que «Indra había vendido un equipo procedente de China que era un copia» de su programa de predicción meteorológica —usable en operaciones militares y de seguridad aérea— «y costaba aproximadamente un 50 por ciento del precio», «sin informarnos de ello». Rompió la exclusividad del LIDAR y pasó a venderlo en directo. En esos correos cuestiona el negocio electoral de Indra y cita a un proveedor llamado Emporer, aunque concede que «no hay evidencia» de suministradores chinos: «no son de fiar».
El consulado en San Juan y la vía cubana
Empresarios de la isla recelan de los agregados comerciales españoles. Sospechan que pretenden convertir Puerto Rico en base para penetrar el mercado estadounidense y llegar a la Junta de Exportadores, donde hay dueños de tecnología militar del Pentágono. Hay quien llama «espionaje corporativo en toda regla» a lo que se presenta como misión diplomática. Lo relatado al DOC incluye a una empresa mexicana que habría borrado los orígenes de productos norteamericanos para revenderlos a China. Parte de esos programas habría llegado a Cuba, bajo embargo.
Dalmau, Zapatero y el encaje penal en EEUU
El hilo político señala a Juan Dalmau Ramírez, líder independentista próximo a José Luis Rodríguez Zapatero —imputado en la Audiencia Nacional— y descrito por empresarios isleños como «afín al chavismo y con numerosos contactos en Pekín». Si se acredita, juristas citados por el diario apuntan a la Economic Espionage Act, al espionaje económico, a la Defend Trade Secrets Act y, en su caso, a la ley FARA. Ni Indra ni Moncloa han contestado, según Brussels Signal.
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