El pasivo de las administraciones alcanza un máximo nominal de 1,763 billones de euros, el 101,5% del PIB, mientras la pensión media de jubilación equivale ya al 65,25% del salario medio. El Gobierno presenta la caída de la ratio como un logro, pero el volumen sigue creciendo y las nóminas de quien trabaja avanzan más despacio que las prestaciones.
Un récord de deuda pública que el PIB no consigue tapar
El avance del Banco de España de junio de 2026 sitúa el saldo de las administraciones en 1.763.000 millones de euros. En un año se han añadido 74.000 millones. La ratio ha pasado del 103,4% de junio de 2025 al 101,5%: 1,9 puntos menos. Esa mejora no nace de un recorte del endeudamiento, sino de que el producto interior bruto crece por encima del pasivo.
Con ese 101,5%, España es el quinto país más endeudado de la Unión Europea, por detrás de Grecia (143,5%), Italia (138,9%), Francia (117,6%) y Bélgica (109,1%), según Eurostat del primer trimestre de 2026. El dato supera en 12,7 puntos la media de la eurozona (88,9%) y en 18,7 puntos la del conjunto comunitario. Frente a Alemania (64,4%) hay 37,2 puntos de diferencia.
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El Pacto de Estabilidad fija el 60% del PIB. España lo rebasa en 41,5 puntos. El Protocolo de Déficit Excesivo exige una reducción «suficientemente rápida y sostenida». Al ritmo actual, inferior a dos puntos anuales, la convergencia exigiría más de dos décadas. Los datos, recogidos en La Gaceta, desmienten el relato de que el problema está bajo control.
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La pensión media avanza más que el salario de quien cotiza
La pensión media de jubilación representa el 65,25% del salario medio en 2026. Esa cobertura ha ganado casi diez puntos en una década. Desde 2016, la prestación se ha revalorizado un 51,2%; los sueldos, un 31,2%. En tasa anual, las pensiones avanzan al 5,1% y los salarios al 3,1%.
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Un trabajador cobra de media 2.403 euros al mes, según la encuesta trimestral de costes laborales del INE. La pensión media de jubilación, con datos de marzo, era de 1.568 euros. El giro normativo es claro: se abandonó el índice que limitaba la subida al 0,25% y se vinculó la pensión al IPC, con alzas cercanas al 5% anual. El cálculo se hace, con carácter general, sobre los últimos 25 años de bases; una reforma reciente permite optar por 29 años y descartar los dos peores.
El Ejecutivo gasta más de cuatro millones de euros en cartas para informar a los jubilados de la subida.
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Quien trabaja sostiene un modelo que se financia con más deuda pública
No hay casualidad: se blinda el voto del pensionista con revalorizaciones automáticas y se deja que el ocupado absorba inflación, cotizaciones y un pasivo que no deja de crecer en términos absolutos. El PSOE ha convertido esa asimetría en seña de gobierno. El centro que le precedió tampoco impuso una senda creíble de ajuste. El resultado es un Estado que se endeuda para que la prestación suba más rápido que la renta del trabajo.
La ratio puede bajar y, al mismo tiempo, el país debe 74.000 millones más que hace un año. 1,763 billones no se evaporan porque el PIB diluya el porcentaje. Quien cotiza hoy financia una promesa que, a este ritmo, no cabe en las reglas europeas ni en la capacidad de las generaciones siguientes.
