Posición del Ejecutivo regional ante la protesta en situación operativa de nivel 3
La Comunidad de Madrid ha comunicado que procederá a examinar el conjunto de opciones administrativas y jurídicas disponibles en relación con un grupo de 60 bomberos forestales adscritos al Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales, conocido como INFOMA. Este anuncio se produce mientras la región se halla en Situación Operativa 3, declarada por la presencia de incendios forestales que han alcanzado la categoría de emergencia de interés nacional.
Según el comunicado oficial del Gobierno autonómico, este reducido colectivo mantiene una actitud que el Ejecutivo califica de estrategia de presión. El portavoz del Gobierno regional ha señalado que resulta inadmisible convertir la gestión de un gran incendio forestal en instrumento de reclamación laboral o de desgaste político. En emergencias de esta envergadura, indica la Administración, no resulta posible admitir improvisaciones ni actuaciones al margen de la coordinación establecida. Los recursos deben activarse desde los parques y retenes asignados, respetando la disciplina de mando, la seguridad operativa y las garantías para quienes intervienen sobre el terreno.
El Ejecutivo sostiene que el personal implicado conoce los destinos y los procedimientos fijados para la campaña de 2026, un sistema que lleva más de 25 años en vigor. Sin embargo, estos trabajadores no se encuentran en las bases operativas que constan en los contratos firmados voluntariamente y en el acta de adjudicación de destinos de la presente campaña. En su lugar, permanecen concentrados en la sede de la Dirección General de Emergencias, situada en Las Rozas. La activación de los retenes, precisa la Comunidad, se realiza precisamente desde esos parques y retenes donde deben prestar servicio. Presentar esta circunstancia como una escasez de medios o como una negativa de la Administración a movilizarlos altera, según el Gobierno regional, la realidad de los hechos y genera alarma social en un momento especialmente delicado.
La Comunidad de Madrid ha subrayado que estas conductas podrían haber comprometido el servicio público, dificultado la actuación de los dispositivos de emergencia o puesto en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural. Por ello, estudiará todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha expresado su reconocimiento y respaldo absoluto a la totalidad de los profesionales que, en estos momentos de extrema gravedad, trabajan sin descanso para proteger la vida de los ciudadanos, los municipios afectados, los espacios naturales y los bienes amenazados por los incendios forestales.
Características del colectivo y localización de la concentración
El grupo objeto de la comunicación oficial está formado por 60 bomberos forestales. Esta cifra representa una parte mínima dentro del conjunto de aproximadamente 2.100 bomberos forestales que desarrollan su labor en la región. Además, equivale a menos del 1 % del dispositivo global del plan INFOMA, que integra a más de 6.000 profesionales y voluntarios. La Administración pone de relieve esta proporción para contextualizar el alcance de la protesta en relación con el volumen total de medios desplegados.
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El origen de la discrepancia, según la versión del Gobierno autonómico, radica en que estos 60 empleados no permanecen en las bases operativas contempladas en los contratos de la campaña 2026. En su lugar, se han concentrado en las instalaciones de la Dirección General de Emergencias en Las Rozas. La Comunidad insiste en que la movilización de cada retén se produce desde las bases asignadas y que la presencia en otra ubicación transmite una imagen que distorsiona el funcionamiento real de los servicios de emergencia.
Fuentes del Ejecutivo autonómico recuerdan que la crisis actual afecta a miles de vecinos que han tenido que ser evacuados y a centenares de efectivos que trabajan de manera continuada. En este contexto, emplear la emergencia como elemento de presión constituye, de acuerdo con el análisis oficial, una actitud que podría tener consecuencias disciplinarias y de otro orden. El Gobierno regional ha reiterado que un incendio forestal no contempla pausas laborales y que la seguridad de las personas no admite negociaciones de última hora.
La Administración ha dejado claro que los protocolos operativos establecen de manera precisa la cadena de mando y los lugares desde los que deben activarse los recursos. Cualquier desviación de esos procedimientos, según el comunicado, puede afectar a la eficacia del dispositivo en su conjunto. Por esta razón, la concentración en Las Rozas, en lugar de en las bases contractuales, ha sido señalada como un elemento central de la discrepancia actual.
Conversaciones previas y marco de las posibles actuaciones
Durante los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha mantenido numerosas conversaciones y negociaciones con los representantes de este colectivo. Según la versión oficial, se han ofrecido mejoras económicas y diversas propuestas situadas dentro del marco legal vigente. No obstante, no se ha alcanzado un acuerdo que ponga fin a la situación. El Ejecutivo remarca que, a pesar de esas ofertas, los trabajadores han optado por mantener la protesta en plena emergencia.
Este hecho ha llevado a la Administración a anunciar el estudio de todas las vías administrativas y jurídicas procedentes. El objetivo declarado es depurar responsabilidades sobre aquellas conductas que, de manera presunta, hayan podido comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o generar riesgos para la seguridad de las personas y del patrimonio natural. La Comunidad no ha concretado todavía el alcance exacto de las posibles medidas ni el número preciso de trabajadores a los que podrían afectar, limitándose a indicar que se examinarán todas las opciones disponibles.
El Gobierno autonómico ha insistido en que el dispositivo global funciona de manera ejemplar gracias al esfuerzo de la gran mayoría de los profesionales y voluntarios involucrados. La protesta de este reducido grupo, por tanto, se presenta oficialmente como una excepción que no refleja el comportamiento general del plan INFOMA. Al mismo tiempo, se recuerda que los contratos de la campaña 2026 establecen de forma clara la obligación de permanencia en las bases asignadas, un compromiso que, según la Administración, no se estaría cumpliendo en el caso de estos 60 trabajadores.
La situación se desarrolla mientras los incendios continúan activos y la región permanece en el nivel más alto de alerta operativa. La Comunidad de Madrid ha reiterado su compromiso con la protección de la ciudadanía y de los espacios naturales, al tiempo que avanza en el análisis de las posibles consecuencias derivadas de la actitud del grupo en huelga. Todo ello se enmarca en el respeto a los procedimientos establecidos desde hace más de dos décadas y en la necesidad de mantener la coordinación oficial en momentos de máxima exigencia.
