Cárcel a una profesora: estafó 4.600€ a su compañera. La farsa, tener un hijo con cáncer

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y seis meses de prisión a una docente de Torrelavega por una estafa con un falso cáncer. El tribunal da por probado que, entre marzo y agosto de 2023, obtuvo 4.630 euros de una compañera de los colegios Fernando de los Ríos y Amós de Escalante con un rosario de desgracias —hijo enfermo en Brasil, muertes familiares, divorcio y cuentas bloqueadas— que no acreditó. El fallo no es firme: cabe recurso ante el TSJ de Cantabria.

De la tarjeta «tragada» a las tragedias en cadena

Según los hechos que recoge la sentencia, la acusada se amparó en la «amistad y relación profesional» para pedir primero cantidades menores: el cajero le había «tragado» la tarjeta o no podía operar en la cuenta sin su marido. Después el relato se agrandó. Habló de un hijo en Brasil con tumor cerebral y leucemia, de su muerte y del viaje al funeral; de un hermano fallecido en accidente, de un sobrino en coma, de un divorcio con deudas y de cuentas «congeladas». El dinero salió por Bizum y en efectivo. El 11 de julio llegó a reclamar 800 euros en un solo envío y, días después, otros 1.000, según detalla Infobae a partir del fallo.

Una estafa con un falso cáncer vista en Facebook

La perjudicada dejó de entregar cantidades y empezó a reclamarlas. El corte llegó cuando comprobó en Facebook que aquella compañera en aparente ruina viajaba a Marbella con su pareja. Al pedirle el reintegro, según la resolución, la acusada cortó el contacto y llegó a amenazarla «por meterse en su vida privada», con la frase que el tribunal deja por escrito: «Yo no te he robado, tú me lo has dejado». Otras tres docentes declararon haber oído las mismas historias y haber entregado dinero, en importes menores y tampoco devueltos.

Lo que el tribunal echa en falta

La Sala no ve «engaños burdos», sino un ardid «orquestado» sobre el compañerismo y la «solidaridad humana». Ponderó «la entidad de las mentiras» y que la acusada decidió «explotar a fondo» la buena fe de la víctima. Le habría bastado, dice, con certificados de defunción, billetes, el divorcio en el sistema Vereda o una ficha catastral. No aportó nada. Además de la pena, impone indemnizar los 4.630 euros más intereses, costas e inhabilitación para sufragio pasivo durante la condena. Mientras Moncloa y Feijóo convierten cada causa incómoda en relato, aquí el papel —o su ausencia— lo fija un tribunal.

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