Petición de redistribución tras la llegada de personas a Ceuta
La ciudad de Ceuta ha registrado una entrada significativa de inmigrantes, lo que ha llevado a sus autoridades a solicitar que otros territorios del país asuman la acogida de menores no acompañados, muchos de ellos originarios de Marruecos. El Gobierno central, desde Moncloa, ha hecho un llamamiento a la solidaridad entre las comunidades autónomas para facilitar este proceso, incluyendo aquellas administradas por el Partido Popular en coalición con Vox, que representan la mayoría de los gobiernos regionales.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado de forma explícita socorro, auxilio, ayuda y solidaridad al resto de España. Además, ha mostrado su respaldo a una reforma de la ley de extranjería que permita una redistribución vinculante y solidaria de estos menores. Según sus palabras, no solo apoyan dicha reforma, sino que la están aplicando y continuarán haciéndolo. Desde la dirección del Partido Popular se ha indicado que no existe oposición al reparto en sí, como era de esperar. Han señalado que las comunidades gobernadas por esta formación siempre cumplirán la ley, aunque no procederán hasta que el Ejecutivo controle la situación actual y concrete el número exacto de menores presentes en Ceuta.
El delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, ha estimado que alrededor de 500 menores no acompañados se encuentran en las calles de Ceuta, aunque ha reconocido que no hay una cifra precisa. Ha defendido que estos menores deben ser atendidos en España, ya que así lo establece la normativa, y ha reclamado solidaridad interterritorial para su traslado, argumentando que la ciudad se halla bastante desbordada y carece de capacidad suficiente para asumir sola esta atención.
Reacciones de las comunidades autónomas sobre su capacidad de acogida
Diversas regiones han expresado su negativa a recibir a estos menores, aludiendo a que sus centros de acogida se encuentran en el límite o han alcanzado su capacidad máxima. Entre ellas se encuentran:
Galicia, (PP)
Madrid, (PP)
Aragón, (PP)
Extremadura, (PP)
Castilla y León, (PP)
Comunidad Valenciana, (PP)
Murcia, (PP)
País Vasco (EAJ-PNV en coalición con el PSE-EE) y
Castilla-La Mancha, (PSOE)
que han manifestado no disponer de más plazas disponibles.
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En Andalucía, la Junta aún no se ha pronunciado de manera oficial, aunque el vicepresidente segundo, Manuel Gavira, del partido Vox, ha asegurado que se opondrá a la medida. Desde Cataluña, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado la acogida argumentando que no debe cubrir lo que considera una negligencia de España, que regulariza de forma unilateral a miles de inmigrantes y no controla sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades que no acogen menores pese a contar con centros abiertos. Ha calificado la situación como una negligencia del Gobierno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que lo lógico es que estos menores vuelvan a sus casas, y ha añadido que no se imagina a España abandonando a su suerte a sus propios niños en otros países. Por el contrario, desde Navarra se ha reiterado el compromiso con una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha confirmado el apoyo al mecanismo de reparto en declaraciones a Onda Cero.
Posición del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la normativa
El delegado del Gobierno en Ceuta ha advertido, en una entrevista en la Cadena SER, que si las comunidades autónomas se niegan a acoger a los menores procedentes de la ciudad, entonces tendría que actuar de oficio la Fiscalía de Menores. Ha insistido en que la ley debe cumplirse de forma evidente. Según sus declaraciones, los menores no acompañados tienen que ser atendidos en el territorio español, y ha insistido en que estarán mejor cuidados en otras regiones dada la situación de desbordamiento en Ceuta.
Esta postura se enmarca en el llamamiento general del Gobierno a la solidaridad interterritorial y al respeto de la legislación vigente en materia de extranjería y protección de menores. Las autoridades centrales mantienen que el proceso debe realizarse de manera coordinada, mientras las regiones que han rechazado la petición basan su posición en la saturación actual de sus recursos de acogida. El debate se centra, por tanto, en cómo aplicar la normativa existente ante la petición formulada por Ceuta y las diferentes capacidades declaradas por cada comunidad autónoma.
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