El asesinato de Susy Aponte, candidata y periodista de Áncash, expone la crisis de seguridad en Perú, las amenazas previas y la respuesta tibia del Ejecutivo.
El asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, se consumó el sábado 19 de septiembre durante un acto de campaña en un mercado. Días antes había denunciado que su vida corría peligro y señaló a altos mandos de la Policía Nacional del Perú —el exdirector general recién dimitido y el jefe de la Dirincri— y a legisladores de izquierda, a los que vinculó con redes de extorsión y secuestros. En el programa Esto es Hoy de Multicanal América con Eliza Andrade, el invitado analista José Aliaga calificó el crimen, grabado en directo, como un «acto de terror» destinado a infundir miedo y silenciar a quienes investigan la corrupción.
Aponte Polo no improvisó el recelo. Advirtió en público del riesgo y ligó a sectores policiales con el secuestro y la extorsión. Esas acusaciones, según el debate conducido por Eliza Andrade, no hallaron una respuesta institucional a la altura. Cuando el Estado duda, el crimen organizado marca el terreno.
El asesinato de Susy Aponte y la reacción del Ejecutivo
Con algo más de 45 días de mandato, Keiko Fujimori y su gabinete reciben críticas por no actuar con rapidez ni contundencia. Se cuestionó que acudiera a las zonas afectadas el ministro de Defensa y no el del Interior. El asesinato de Susy Aponte no es un suceso aislado: es el precio de una autoridad que llega tarde. Gobiernos de izquierda y centros acomodaticios prometen seguridad en campaña y, llegado el momento, prefieren el relato a la mano firme.
El sicario venezolano ¿Qué se sabe?
La Policía detuvo el mismo 19 de septiembre, en Caraz, al venezolano Luis Iván Obispo Díaz, presunto autor material, con un arma de fuego. Su escolta lo hirió; él está hospitalizado en Huaraz. El Poder Judicial le dictó 15 días de detención preliminar por sicariato, junto a Ronald José Toro Ardila, otro venezolano detenido en Surco (Lima), a quien la investigación sitúa como coordinador desde la capital. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, habló de un tercer detenido (quien habría financiado o trasladado al sicario).
Obispo, según fuentes, reconoció el encargo: «Alguien muy poderoso mandó a contratarme». Dijo que una compatriota lo contactó por un aplicativo de taxi, que disparó a la cabeza porque Aponte llevaba chaleco antibalas y que «todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro». La PNP sostiene que el arma ya habría sido usada en otros delitos desde 2025. Reportes posteriores identifican a otros venezolanos en la preparación (entre ellos una mujer registrada como Valeria Torres con un DNI inexistente). El móvil intelectual —las denuncias de Aponte contra la Policía y la izquierda— sigue abierto.
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Eso es el dato duro: no es un altercado de mercado. Es sicariato por encargo, con extranjeros ya instalados en Perú
Congreso bloqueado y la lección de Bukele
Varias fuerzas juraron combatir la criminalidad. El Congreso, sin embargo, permanece dividido en disputas partidistas en lugar de dotar a la policía de herramientas legales eficaces. Aliaga contrastó esa parálisis con las políticas de Nayib Bukele en El Salvador y de Patricia Bullrich en Argentina. Perú se ha incorporado al mecanismo de los «escudos de las Américas» y cuenta con mayor implicación del FBI contra el narcotráfico y el crimen organizado. El espacio cerró exigiendo a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de la periodista asesinada y apelando a la capacidad del pueblo peruano para no rendirse al miedo.
