Ginebra, noviembre de 2026. En una sala de reuniones del Palacio de las Naciones donde el café ya no es de marca y los traductores trabajan a media jornada porque el presupuesto se ha puesto en modo “supervivencia”, Yolanda Díaz intenta explicar por qué debería ser la próxima directora general de la Organización Internacional del Trabajo. Lo hace con la misma convicción con la que durante años defendió que el diálogo social era la solución a todo, incluida la subida del precio de la luz. El problema es que el auditorio mixto de gobiernos, empresarios y sindicatos mundiales la mira como se mira a alguien que llega tarde a una reunión de vecinos y propone cambiar las normas de la piscina cuando la comunidad ya ha decidido que el problema es que no hay dinero para el cloro.
La OIT, para quien no lo sepa, es la agencia de Naciones Unidas que se supone que pone orden en el mundo laboral. Tiene 187 países miembros, un presupuesto que depende en un 22 % de Estados Unidos y, en este momento, un agujero considerable porque Washington ha decidido que pagar cuotas a organismos multilaterales es opcional. El actual director general, Gilbert Houngbo, lleva meses explicando que la organización está en una crisis de liquidez “sin precedentes en décadas”, que ha tenido que recortar plantilla y que los fondos se han agotado. Díaz, en cambio, llega con una propuesta de Carta Global de Derechos Laborales y la sensación de que el problema se resuelve convocando a más reuniones. Es como si alguien entrara en un barco que hace agua y propusiera un seminario sobre la importancia de los chalecos salvavidas.
La candidatura de la vicepresidenta española tiene varios rasgos distintivos. El primero es que, según sus propias declaraciones, la campaña ha costado cero euros. ¡Cero! ¡Ni un café! Pero lo que sí ha costado es tiempo de agenda oficial, aviones del Estado y hoteles que, técnicamente, no son “gasto de campaña” sino “gestión ordinaria del Ministerio de Trabajo con escala en Suiza”. Un milagro contable que, de consolidarse, podría aplicarse a cualquier cosa. El segundo rasgo es que el apoyo más sólido que ha conseguido hasta ahora viene de los sindicatos españoles. CCOO y UGT han hecho lo que suelen hacer, respaldar a la ministra que les ha escuchado más veces que a la patronal. El resto del sindicalismo internacional, representado por la Confederación Sindical Internacional, ha preferido al togolés Houngbo que ya está dentro. Los empresarios mundiales han hecho lo mismo. Es decir, el único sitio donde el diálogo social sigue funcionando a pleno rendimiento es el que paga la candidatura, o sea, nosotros.
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La OIT que Díaz aspira a dirigir no es exactamente la misma que existía hace cinco años. Bajo la administración Trump, Estados Unidos no solo ha dejado de pagar sus cuotas (que representan el grueso de los atrasos totales de la organización), sino que ha reducido o eliminado contribuciones voluntarias a proyectos concretos. El resultado es que la agencia ha tenido que congelar contrataciones, recortar puestos y plantearse trasladar actividades fuera de Ginebra (con lo que mola) para ahorrar. Algunos analistas lo llaman “ajuste”. Otros (más zurdos) lo llaman “el momento en el que los tecno-oligarcas y sus aliados políticos decidieron que las normas laborales internacionales eran un estorbo para la competitividad”. Díaz, en sus intervenciones, prefiere hablar de “recuperar el multilateralismo” y “diversificar las fuentes de financiación”, incluyendo bancos regionales de desarrollo. Como se ve, tampoco habla el lenguaje interno de la organización.
Lo suyo suena bien en un mitin pero suena menos bien cuando el interlocutor del otro lado de la mesa es alguien que considera que la OIT “trabaja para sindicalizar trabajadores extranjeros y castigar intereses empresariales estadounidenses”. Así que mientras en Madrid la candidatura se presenta como un triunfo del diálogo social español proyectado al mundo (o algo asín), en Ginebra se percibe más como un ejercicio de voluntarismo. La votación, que tendrá lugar el 16 de noviembre en el Consejo de Administración, es secreta y se decide por los tres grupos (gobiernos, empleadores y trabajadores). Los dos últimos ya han expresado su preferencia por Houngbo. El grupo de gobiernos está más dividido, con apoyos europeos y latinoamericanos (no todos) para Díaz y una inclinación africana hacia el candidato de la casa. El resultado es que la española llega a la recta final con el respaldo más visible de los sindicatos de su país.
Hay algo entrañable en la situación. Díaz ha construido buena parte de su trayectoria política sobre la idea de que hablar con todo el mundo es mejor que imponer. Ahora se encuentra en un organismo donde hablar con todo el mundo es precisamente el método de trabajo, pero donde los que pagan (o dejan de pagar) tienen más peso que los que hablan el diálogo social funciona mejor cuando hay dinero en la cuenta. Sin ese dinero, y sin un inglés que permita negociar directamente con quien controla el 22 % del presupuesto, la candidatura se apoya en la convicción de que, si se insiste lo suficiente, el resto del mundo acabará viendo las cosas como las ve el Ministerio de Trabajo español.
Si pierde, siempre le quedará el consuelo de haber sido la primera española que casi dirige la OIT y la única que declaró una campaña internacional a coste cero. En cualquiera de los dos casos, el diálogo social habrá vuelto a demostrar cual es su principal virtud: permite seguir hablando incluso cuando el interlocutor ha dejado de escuchar y, sobre todo, cuando ha dejado de pagar.
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