La Comunidad de Madrid ha recortado a 24 horas el ultimátum para desalojar la acampada de Sol y advierte de que acudirá a los tribunales si la Delegación del Gobierno no ordena el desalojo. El mismo Ejecutivo que no ha levantado las tiendas ha mandado cerrar la estación y, al día siguiente, ha reclamado a Isabel Díaz Ayuso 1,7 millones de euros al año por un inmueble del Tribunal Superior de Justicia.
De las 48 horas al nuevo plazo
El lunes, el consejero Miguel Ángel García Martín dio 48 horas al delegado del Gobierno. La acampada, instalada desde el sábado por el Sindicato de Inquilinas, es para el Ejecutivo regional una ocupación que perjudica a vecinos y comercios y afecta a la Real Casa de Correos, Bien de Interés Cultural con más de 250 años. «Le damos al delegado del Gobierno esas 48 horas para que atienda este requerimiento», dijo, y se reservó «cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales». El miércoles redujo el margen: «Quedan 24 horas para que el delegado del Gobierno dé la orden para desalojar la Puerta del Sol, que está okupada de manera ilegal». La Comunidad ha informado a la Fiscalía de la ocupación de la sede de la Agencia de Vivienda Social y prepara un informe de daños. La Delegación defiende el derecho de reunión.
El cierre de la estación y la acampada de Sol
Por orden del Ministerio de Transportes, Cercanías dejó de parar en Sol desde las 21.00 del martes. El nudo concentra trasbordos de tren y cinco líneas de Metro, y el corte afecta a miles de viajeros que vuelven a casa cuando cierran los comercios de la plaza. Cercanías respondió que no disponía de la información consultada y que publicaría cualquier novedad en sus canales.
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La factura del TSJ y la denuncia de los caseros
Justicia exige 1.754.315,16 euros anuales por el edificio de General Castaños 1, usado sin título desde 2002 y no incluido en el traspaso de competencias. Da dos meses para arrendarlo o abandonarlo; si no hay respuesta, el tribunal debería dejarlo antes del 31 de diciembre. El secretario de Estado Manuel Olmedo advierte de la «recuperación posesoria de oficio del inmueble ocupado sin título». En paralelo, Urbagestión, casera de María del Carmen Abascal, anuncia una denuncia por presuntas amenazas, coacciones y acoso, tras recibir el viernes una caja con cucarachas. Sospecha del sindicato, sin que ello esté acreditado.
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