Pedro Sánchez ha convertido el desahucio de Maricarmen en un dardo contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Desde Nueva York les atribuyó haber «desatendido sus responsabilidades» ante una «tragedia social», mientras en la ONU explicaba Ceuta por «la desigualdad, la desesperación y la desinformación» y volvía a agradecer el despliegue de Rabat.
El desahucio de Maricarmen: fallo firme y residencia rechazada
María del Carmen Abascal, de 87 años, fue lanzada el miércoles del piso de Sainz de Baranda (Retiro) y salió en camilla hacia el Gregorio Marañón. Llevaba décadas con un contrato de renta antigua —Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, el marco franquista que congela alquileres— de unos 440-500 euros, con pensión de 1.450. El Supremo, en marzo, dio la razón a la propiedad: la segunda subrogación no es vitalicia con una discapacidad del 50%. Comunidad y Ayuntamiento le ofrecieron plaza pública, teleasistencia, 90 horas de ayuda a domicilio y un recurso de emergencia del Samur Social. Las rechazó. Vivirá con un primo en Segovia. Almeida admitió que «las administraciones no pueden quitarse de en medio» y recordó que «los mandatos judiciales se tienen que obedecer».
El «fondo buitre» es una pyme con 6.000 euros del Kit Digital
Urbagestión Desarrollo e Inversión SL (Urbagesa), constituida en 2005, tiene siete empleados y declaró 2.990 euros de beneficio en 2025. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, sostienen: «No se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme». En 2023 cobró 6.000 euros del Kit Digital. Isabel Rodríguez acusa a Ayuso de poner «una alfombra roja a los especuladores»; Leire Iglesias afirma que Vivienda «ha dado hasta pasta» a la Comunidad para frenar el lanzamiento. Mientras Moncloa habla de buitres, pagó la digitalización de la misma pyme.
El método Colau: el blanco es Ayuso, no el contrato
Concentración, camilla, Irene Montero y cámara: el guion es el que Ada Colau ensayó en Barcelona. Judicializar un desahucio con sentencia firme, convertir a la inquilina en símbolo y apuntar al gobierno autonómico rival. En el expediente público no figura una vida laboral que explique décadas de renta congelada; sí consta que se acogió a un régimen de protección nacido bajo leyes franquistas. La pregunta es directa: si Madrid copia ese relato, ¿acabará como Barcelona? Sánchez pide «modificar la ley y reforzarla» y, en el mismo viaje, alaba a Marruecos tras la entrada de decenas de miles en Ceuta.
Acampada, porrazos y el «ático de Ayuso»
El Sindicato de Inquilinas convocó la resistencia. La noche del martes unas 200 personas durmieron ante el portal; la Delegación del Gobierno cifró en torno a 400 la concentración. Hubo sentada en la entrada, lecheras a las 6.00, antidisturbios desde las 8.35 y comisión judicial hacia las 9.15. Agentes retiraron a los activistas uno a uno —también de las escaleras— y se usó gas pimienta.
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Irene Montero pidió «el mando policial»; un agente le advirtió que dejara de «soliviantar a la masa».
A las 19.00, unas 10.000 personas, según la misma Delegación, se plantaron en Martínez Campos 35 para exigir «el ático de Ayuso para Maricarmen» y cortaron el tráfico; El blanco no era el auto judicial: era Madrid.
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