El Gobierno foral presidido por María Chivite llegó presuntamente a preparar el desembolso de 8,3 millones adicionales a la UTE del túnel de Belate cuando Intervención ya había rechazado el modificado. Un dictamen de los servicios jurídicos, fechado el 7 de septiembre, concluye que esos cambios los impulsó la adjudicataria y no eran imprevisibles.
El Ejecutivo buscó una segunda vía tras el reparo
La UTE de Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar obtuvo presuntamente en diciembre de 2023 el contrato de 76 millones. Durante la obra se plantearon cambios de excavación y sostenimiento que elevaban el precio en 8.535.885 euros (un 11,22%). Intervención formuló el 26 de noviembre de 2025 un reparo suspensivo: no se acreditaban circunstancias imprevisibles y el modificado podía dañar la Hacienda navarra. Obras Públicas aceptó el reparo. Aun así, el 5 de agosto de 2026 la dirección de obra firmó una certificación extraordinaria de 8,35 millones y el departamento elaboró propuestas para pagar por la doctrina del enriquecimiento injusto.
Los letrados atribuyen los cambios a la constructora
El informe jurídico descarta el abono. Las modificaciones partieron de un estudio de la propia UTE de mayo de 2024 y la empresa ya había anunciado otro método de ejecución el 29 de abril, apenas semanas después de empezar. La Sección de Minas negó que sus requerimientos justificaran seis de las unidades y el proyectista original emitió un informe desfavorable. «Las modificaciones no fueron ordenadas por la Administración, sino promovidas por la adjudicataria», sostiene el dictamen al que ha accedido The Objective. Pedro López Vera autorizó seguir las obras en noviembre de 2024; Chivite lo destituyó en diciembre de 2025.
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Belate, Cerdán y la causa de la Audiencia Nacional
Parte de lo ejecutado no mejoró el patrimonio público respecto al proyecto inicial, sino que respondió a la conveniencia de la UTE. El posible perjuicio de la contratista quedaría, según los letrados, bajo el principio de riesgo y ventura. La preparación de este segundo pago coincide con la pieza abierta en julio por el juez Ismael Moreno sobre la adjudicación, en el marco de las pesquisas sobre Acciona, Servinabar y el entorno de Santos Cerdán. En el domicilio de Antxon Alonso apareció un documento que le atribuiría el 45% de Servinabar, extremo pendiente de confirmación. El Ejecutivo dice ahora que no pagará «ni un euro» sin cobertura legal, pero la documentación prueba que preparó una vía alternativa después del veto de Intervención.
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