A pocas semanas del 29 de noviembre, el voto CERA concentra muchos interrogantes sobre su trazabilidad y las decisiones del Gobierno. El PSOE habría reincorporado a Lorena Suárez a listas argentinas tras su dimisión por audios en los que, según la documentación, presuntamente pedía pasaportes de fallecidos, el envío postal desde ese país y otros 15 carecerían de recibo o firma, y el Tribunal Supremo examina la identificación digital promovida por Interior.
El PSOE recoloca a Lorena Suárez en el voto CERA argentino
El PSOE en Buenos Aires habría colocado a Lorena Suárez, que dirigió la formación entre 2022 y 2024, en la candidatura «Derechos sin fronteras» para la dirección del Consejo de Residentes Extranjeros. Según la documentación a la que accedió ABC, la gestora presuntamente la promovió tras su dimisión al destaparse unos audios en los que presuntamente pedía pasaportes de personas ya fallecidas para contabilizar su voto en el exterior en las generales de 2023. Lejos de alejarla de responsabilidades, también la habrían situado en 2024 en la candidatura encabezada por Teresa Ribera para las europeas.
El franqueo en destino del voto CERA carece de recibo ni firma
Desde Argentina —que concentra el 20 % del censo y en 2023 aportó el 70,95 % de sus votos por correo— y otros 15 países, el voto CERA se enviaría por franqueo en destino. Este sistema no entrega recibo a quien deposita el sobre ni exige firma a quien lo recibe, a diferencia del certificado, que sí ofrece resguardo y posibilidad de indemnización. El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que «las fórmulas elegidas [...] permiten en todo caso la identificación del día de emisión del sobre a través del matasellos» y que el certificado de censo incluido identifica al votante. Fuentes internas de Correos detectan agujeros: el matasellos puede ser posterior al depósito y no siempre se recogen las cartas diariamente. El Supremo ha suspendido de forma cautelar la inclusión de unos 163.000 ciudadanos nacionalizados mediante la ley de nietos.
La responsable de ciberseguridad electoral y MiDNI ante el Supremo
Carmen López García, directora general de Política Interior nombrada por Marlaska y responsable de coordinar la ciberseguridad electoral, habría presuntamente firmado el 27 de febrero de 2026 un informe a la JEC en el que defendía presuntamente que bastaba con mostrar la fotografía, el nombre y los apellidos, «sin que sea necesario utilizar la generación del código QR ni su lectura por la Mesa». Un mes después, su propio ministerio vinculó la «plena seguridad» de la identificación digital precisamente a esa lectura. El Supremo espera hasta las tres de esta tarde las alegaciones de la JEC para decidir sobre la suspensión cautelar de MiDNI solicitada por Iustitia Europa. Expertos como Ignacio Alamillo y Julián Inza alertan de riesgos en los 61.000 lectores: la gestión de los terminales, la posible transmisión de datos personales a servidores y la falta de auditorías públicas del verificador
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