El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el socialista Jaume Collboni, cortó la luz a los acampados de la Plaza de Cataluña ayer 20 de octubre. La medida afecta a una protesta por el derecho a la vivienda que suma más de 600 tiendas tras tres semanas y se justifica con un informe de los Bombers sobre una conexión irregular al alumbrado público.
Informe de Bombers y conexión precaria
Según fuentes del consistorio a EFE, la decisión sigue un informe de los Bombers de Barcelona que recomendó el corte inmediato. Los acampados se conectaron de forma irregular al suministro de la plaza “de forma precaria y sin las garantías técnicas necesarias”, lo que generó un “riesgo inminente para la seguridad de las personas”. El objetivo municipal, según el Ayuntamiento, es “garantizar la integridad” de quienes permanecen en el campamento desde el 29 de septiembre. La acampada ya supera las 600 tiendas y sus participantes han anunciado intención de mantenerla hasta la huelga general del 11 de noviembre o las elecciones del 29 de noviembre.
Rechazo de los acampados y ausencia de acuerdos
La portavoz de la acampada, Kiara Monrroy, ha rechazado los argumentos y ha declarado a EFE que los participantes “no han sido informados de ningún riesgo eléctrico”. Sospechan que la actuación busca forzar la disolución del campamento. Una reunión con representantes municipales y una oficina de atención ciudadana terminó sin acuerdos. Monrroy afirmó: “No nos responden. No están mirando por el bienestar de las personas acampadas. Ni siquiera en Madrid, siendo gobernada por la derecha, se ha visto este recorte”. El 7 de octubre los acampados habían solicitado formalmente protocolos y mínimos de agua potable, electricidad y alumbrado.
Contraste con Madrid y primer aviso municipal
Mientras la Delegación del Gobierno en Madrid no interviene en la acampada de Sol, el equipo de Collboni adopta esta medida que algunos medios interpretan como un primer aviso para desmantelar la protesta. El PP municipal ha pedido reiteradamente el desalojo por incumplimiento de la ordenanza de civismo y ha recordado el precedente del 15-M.
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