El escándalo de Indra: cuando el Gobierno de Sánchez convierte una empresa estratégica en un mercadillo de sillones
La crisis en Indra no cesa. Lejos de resolverse, se profundiza en un espectáculo de poder, traiciones y dinero público que avergüenza a cualquier español preocupado por la defensa nacional. José Vicente De los Mozos, actual consejero delegado, estaría dispuesto a dimitir de forma inmediata a cambio de una indemnización cercana a los 3,5 millones de euros, según informa OKDiario.
“De los Mozos aceptaría dimitir ya de su cargo a cambio de una indemnización cercana a los 3,5 millones de euros”, detalla el medio.
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Este nuevo episodio llega en plena guerra interna: el presidente Ángel Escribano se niega a ceder ante las presiones de la SEPI y de Belén Gualda, mientras Moncloa intenta recolocar piezas para controlar una compañía vital en tecnología y defensa.
El origen del caos: Sánchez y la SEPI contra Escribano
Todo estalló cuando la SEPI, controlada por el Gobierno de Pedro Sánchez, exigió “resolver el conflicto de interés” para avanzar en la posible integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa familiar de los Escribano.
El comunicado firmado por Belén Gualda a la CNMV fue interpretado por todos como un ultimátum para la salida del presidente. Fuentes de El Confidencial revelan que Manuel de la Rocha, mano derecha económica de Sánchez, convocó a De los Mozos y a Gualda en Moncloa para forzar la decapitación de Escribano.
Escribano no tiene ninguna intención de ceder. Sus fuentes han sido claras: no ha recibido comunicación oficial para abandonar la presidencia y está dispuesto a resistir.
Ángel Escribano acusa a De los Mozos de traición tras la reunión en Moncloa, de la que se enteró por la prensa. La relación entre ambos está rota. El CEO se sintió “utilizado” tanto por el Gobierno como por Escribano, que inicialmente le impulsó a apoyar la operación con EM&E.
De los Mozos: entre el bonus de 20 millones y la salida millonaria
De los Mozos, de 63 años y con un sólido paso por Renault España, tenía previsto comunicar su decisión este 25 de marzo. Su mandato expira en junio. Según fuentes, solo se quedaría si la SEPI le garantiza pleno poder ejecutivo, con un presidente meramente institucional (se baraja incluso a Miguel Sebastián, exministro socialista).
Sin embargo, la opción que gana terreno es su salida inmediata a cambio de 3,5 millones. Esto se suma al bonus de casi 20 millones por objetivos del plan “Leading the Future”, que se cobraría en tercios durante tres años y que Escribano pretende recortar por “deslealtad”.
Indra ya tiene un historial vergonzoso de indemnizaciones millonarias a ejecutivos salientes: Ignacio Mataix cobró más de 4,6 millones, Luis Abril cerca de 8 millones. Ahora, con dinero de los accionistas y del Estado (SEPI posee el 28%), se repite el esquema.
La acción de Indra se ha desplomado. Ha perdido cientos de millones en capitalización por la inestabilidad provocada desde Moncloa. Los inversores huyen ante un consejo de administración convertido en campo de batalla.
¿Defensa nacional o botín socialista?
Este escándalo pone de manifiesto el modelo de gestión del Gobierno de izquierdas: intervenir empresas estratégicas, generar conflictos de interés y resolverlos con indemnizaciones millonarias a costa del contribuyente y del accionista privado.
Mientras España necesita una industria de defensa fuerte e independiente, Sánchez y su SEPI priorizan el control político. Escribano representa la resistencia del empresariado privado frente al intervencionismo estatal. De los Mozos, en cambio, parece dispuesto a negociar su salida dorada.
¿Es esto soberanía tecnológica o simple reparto de sillones entre afines? La izquierda, incapaz de gestionar sin colocar a sus hombres, destroza valor en una compañía clave para la seguridad nacional. Vox ha denunciado repetidamente este tipo de prácticas: opacidad, derroche y politización de lo estratégico.
Frente al PP, que tantas veces ha cedido ante el consenso progre en materia económica, urge una alternativa real que defienda la empresa privada y limite el poder discrecional de entes como la SEPI.
Indra no es un cortijo de Moncloa. Es un activo estratégico de Nuestra España. Las indemnizaciones millonarias mientras la acción cae y la gobernanza se descompone demuestran, una vez más, el fracaso del modelo sanchista.
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