La seguridad de las mujeres en Denia y los más vulnerables vuelve a estar en entredicho tras un nuevo caso de agresión sexual que pone de manifiesto las consecuencias de las políticas migratorias irresponsables del Gobierno de izquierdas. Un inmigrante marroquí de 36 años ha sido detenido por la Policía Nacional acusado presuntamente de agredir sexualmente a una menor de 17 años con autismo en el baño de un restaurante en Dénia (Alicante).
Este suceso, ocurrido el 1 de mayo, no es un hecho aislado, sino el resultado previsible de una inmigración descontrolada que prioriza el activismo pro-migrante sobre la protección de los españoles.
Contexto de la agresión y modus operandi del detenido
Según las diligencias, la menor se encontraba en el establecimiento con sus padres cuando el acusado, de origen marroquí, inició conversación con la familia. Se presentó falsamente como belga y residente en Dénia desde hace diez años, ganándose su confianza e incluso proporcionando su número de teléfono.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
Posteriormente, cuando la joven accedió al aseo, el hombre se abalanzó sobre ella, la besó a la fuerza, realizó tocamientos sexuales y la penetró analmente, según la denuncia. La víctima, bloqueada por el miedo, no alertó inmediatamente a sus familiares. Solo al llegar a casa relató los hechos, lo que llevó a la denuncia ante la Guardia Civil y posterior intervención de la Policía Nacional.
"La menor quedó en estado de shock", relatan fuentes cercanas al caso. Los agentes encontraron en el móvil del detenido fotografías de la agresión, tomadas dentro del propio baño, y mensajes posteriores en los que invitaba a la víctima a nuevos encuentros sexuales. La joven fue examinada por un médico forense en el Hospital de Dénia.
Este tipo de comportamientos evidencian un patrón preocupante que Vox ha denunciado reiteradamente en el Congreso: la sobrerrepresentación de ciertos perfiles migratorios en delitos contra la libertad sexual.
Lee también en Nuestra España: Ilegal marroquí a juicio por abuso a 2 menores en Pamplona
Fracaso de las políticas migratorias de la izquierda
El Gobierno PSOE y sus socios han mantenido fronteras permeables y una narrativa que criminaliza cualquier crítica a la inmigración ilegal. Mientras tanto, los españoles, especialmente mujeres y menores vulnerables, pagan las consecuencias.
Datos del Ministerio del Interior revelan que los extranjeros, pese a representar un porcentaje menor de la población, cometen un alto número de delitos sexuales. En edades entre 18 y 30 años, alcanzan el 46% de estos crímenes según informes oficiales. No nos cansaremos en denunciar que tiene que haber deportaciones inmediatas para inmigrantes que cometan delitos, una medida de sentido común bloqueada sistemáticamente por la izquierda.
"Las mujeres están hoy más inseguras porque el Gobierno ha traído deliberadamente a sus agresores", ha señalado en varias ocasiones la formación liderada por Santiago Abascal. Este caso en Dénia refuerza esa denuncia: un inmigrante que engaña a una familia para atacar a una menor con autismo en un espacio público.
El PP tampoco escapa de crítica: su complicidad en políticas migratorias blandas en autonomías y municipios gobernados por ellos ha contribuido al problema.
Lee también: Hombre de Origen Marroquí arrestado: Presunto Acoso y Retención de un Menor
Exigencias y debate necesario sobre la inmigración
Es hora de confrontar la realidad sin eufemismos. Este detenido pasó a disposición judicial tras ser identificado por la víctima y sus familiares mediante fotografías. Sin embargo, el verdadero debate radica en prevenir estos hechos.
La izquierda habla de "integración" mientras se producen agresiones en baños de restaurantes. Las familias españolas merecen vivir sin temor.
Frente al multiculturalismo fallido, hay que defender la prioridad nacional: proteger a nuestras hijas, especialmente a las más vulnerables como esta menor con autismo.
La impunidad no puede seguir siendo la norma. Este caso debe servir para exigir un cambio radical en las políticas migratorias que, hasta ahora, solo han traído inseguridad y dolor.
