El Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta ha circularizado a sus colegiados una instrucción de extranjería: las asistencias de devolución se prestarán en el nuevo CATE del Tarajal y se aconseja presentarse con mascarillas y guantes. El aviso llega cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez acelera la justicia gratuita para que quienes irrumpieron el 30 y 31 de julio puedan solicitar protección internacional.
La nota a los abogados que asisten a los invasores de Ceuta
La Comisión de Extranjería detalla el traslado de las guardias de frontera a las naves del Tarajal, junto a la antigua sucursal de La Caixa. El documento, reproducido por OK Diario, marca en mayúsculas: «Se aconseja a los adscritos a este [servicio] lleven provistos de mascarillas y guantes». El propio colegio admite el «colapso» de la cita de asilo. No es un detalle menor: el protocolo nacional de la Abogacía ya exigía, ante entradas masivas, que las autoridades facilitaran «máscaras protectoras y guantes» antes de la asistencia letrada.
Justicia gratis para quien pide quedarse
Mientras los letrados se protegen, Moncloa facilita el trámite. Bastará declarar «carencia de recursos económicos suficientes para litigar». El abogado de oficio podrá firmar el informe que acredite esa falta de medios y seguir al extranjero si hay recurso judicial. Así lo recoge el real decreto de medidas urgentes. El Gobierno suma diez letrados de oficio a los cinco enviados en agosto, en la misma línea denunciada en Nuestra España sobre la justicia gratuita a irregulares.

Sánchez defiende su gestión en Ceuta ante el Congreso, apunta al CNI y a la Policía, admite que no hubo avisos y avisa de que la crisis puede repetirse.
El Estado paga la defensa, no la frontera
El paquete extraordinario para Ceuta alcanza 309 millones; 108 van a menores y atención humanitaria, incluido el andamiaje del asilo. No hay cifra equivalente para ejecutar devoluciones. El aviso sanitario del colegio encaja con lo ya documentado sobre el riesgo de enfermedades asociado a la llegada irregular, mientras el gasto público se concentra en acoger, no en expulsar. El PP gobierna la ciudad y el PSOE el Estado: ninguno ha invertido el orden de prioridades.
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