El Gobierno ha convertido el asilo en la vía rápida para regularizar a quienes saltaron la frontera de Ceuta. En el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, el Ejecutivo destina parte del paquete de 309 millones de euros —108 de ellos a acogida de menores y atención humanitaria— a agilizar la «protección internacional de las personas migrantes en situación irregular que permanecen en Ceuta». Quien quiera quedarse no necesita acreditar pobreza: una declaración expresa abre la justicia gratuita. El contraste es político y moral: el 2 de septiembre, Día de Ceuta, decenas de miles de personas exigieron en la ciudad y en el resto de España expulsiones y control de frontera, no más trámites para permanecer.
Basta una declaración para la justicia gratuita
El artículo 31 del real decreto fija un régimen excepcional. «La manifestación expresa de la persona interesada sobre su carencia de recursos económicos suficientes para litigar tendrá la consideración de acreditación inicial bastante» para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, según el texto publicado en el BOE. El abogado de oficio firmará además el «Informe de carencia de medios económicos» del Real Decreto 141/2021 y podrá seguir defendiendo al solicitante si hay recurso contencioso-administrativo. No hay cambio de letrado a mitad de camino. El Estado aporta 2,4 millones para indemnizar a abogados y 100.000 euros para procuradores.
Esa puerta no es un detalle técnico. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, reconoció que la mayoría de quienes siguen en la ciudad no reúnen los requisitos de protección internacional y deberían ser devueltos. Aun así, Moncloa financia el andamiaje para que el expediente de asilo se abra con una frase. La Policía Nacional, en informe remitido a la Audiencia Nacional, sostiene que el salto no fue espontáneo y describe un «guiado activo» y «total permisividad» de las fuerzas marroquíes durante más de 48 horas.
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309 millones para quedarse, no para devolver
El relato oficial habla de «recuperar la normalidad». El presupuesto dice otra cosa. La partida más gruesa del plan no es la repatriación: es la acogida. A eso se suma el refuerzo judicial pedido por el CGPJ y el Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla: la magistrada Consuelo Andreo, de Cartagena, para violencia sobre la mujer, y Miguel Ángel Torres, de la Audiencia de Málaga, ante la saturación de los juzgados. El Gobierno añade diez letrados de oficio a los cinco nombrados a principios de agosto y multiplica por seis esa presencia. El Colegio de la Abogacía de Ceuta ya había pasado de tres a ocho turnos de extranjería. El Estado se prepara para litigar, no para ejecutar devoluciones. Esa misma lógica de presunción favorable al irregular se ha visto en la presunción de minoría de edad para quien se declare menor de 18.
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La Fiscalía contabiliza 23 agresiones sexuales desde el 30 de julio; nueve víctimas son menores de entre 14 y 17 años y cinco casos se investigan como violaciones. El refuerzo del juzgado de violencia de género llega después de esos hechos, no antes de abrir la frontera. En paralelo, sanitarios ceutíes han descrito un riesgo epidemiológico que la ministra Mónica García intentó diluir; el contraste con los datos europeos se documentó en Nuestra España.
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Más letrados mientras Ceuta pide control
La ciudad autónoma lleva más de un mes con aceras ocupadas, playas convertidas en campamento y un mando único que no ha devuelto la calle a sus vecinos, como se ha relatado sobre el despliegue junto a infraestructuras críticas. El PP local reclamó al Estado el control cuando ya estaba desbordado; el PSOE responde con crédito extraordinario, abogados de oficio y un atajo para el asilo. Ni uno ni otro han puesto la expulsión en el centro.
La justicia gratuita existe para quien no puede defenderse. Convertirla en un formulismo para quien acaba de forzar la frontera es otra política: el Estado paga la defensa de la permanencia. España discute en el Congreso la gestión del 30 de julio; en Ceuta, el decreto ya ha elegido bando.
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