El Senado ha tomado en consideración la reforma de la Ley de Extranjería para que el rechazo en frontera alcance a quien intente entrar por mar en Ceuta y Melilla. El PSOE ha votado en contra. El mismo 30 de septiembre, el PP de la ciudad autónoma rechazó reforzar la vigilancia en colegios y residencias de mayores.
El Senado admite devolver a quien intente entrar por mar
La proposición del PP modifica solo la disposición adicional décima. La expulsión dependería del «intento de entrada irregular en territorio nacional», se detecte en la línea «terrestre o marítima». El Tribunal Supremo, en un fallo del 29 de junio, limitó las devoluciones en caliente a quien supere «elementos de contención fronterizo». Alicia García habló de un mecanismo «rápido, seguro y con todas las garantías» y advirtió: «Si la votan se acaba la excusa; y si no la votan, España sabrá que la excusa les venía bien». También contrapuso: «Frente a su boya, nosotros traemos una ley». La mayoría absoluta popular saca el trámite. El texto pasa al Congreso, donde la Mesa puede obstaculizarlo.
El PSOE sostiene que la norma ya es suficiente
Inmaculada Sánchez Roca pidió el turno en contra y defendió que la ley es «suficiente» y «eficaz» y que «la redacción actual cuenta con el aval del Tribunal Constitucional». Añadió que la devolución «conlleva un proceso» y que no cabe presentar la entrada irregular como sinónimo de retorno inmediato. El voto del PSOE y de sus socios no frena el Senado, pero deja la reforma a merced del Congreso. El propio Grupo Socialista había reconocido el vacío, y la reforma impulsada por Interior a finales de agosto no incluye esta figura.
El PP de Ceuta veta vigilancia en colegios y residencias
En la Asamblea, el PP votó en contra de contratar vigilantes, guardas rurales y auxiliares para colegios, residencias de mayores y cementerios, y de resolver contratos y subvenciones como los de la asociación Luna Blanca. Alejandro Ramírez afirmó que la ciudad ya ha reforzado esos servicios donde tiene competencia. Quien defendió la iniciativa lamentó que «los ceutíes llevan semanas soportando las consecuencias de una situación que ellos no han provocado». Juan Jesús Vivas declaró ante la jueza María Tardón que más de 90.000 personas entraron el 30 y el 31 de julio.
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