Fernando Grande-Marlaska tiene previsto votar este jueves en Luxemburgo, en solitario, contra el reglamento europeo para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares. Bélgica se abstendrá. Los otros 25 Estados miembros votarán a favor. El no de Pedro Sánchez no impedirá que la norma salga adelante.
Un no en solitario que no cambia el texto
En el Consejo de ministros del Interior, España será el único país que se oponga al reglamento de retorno, ya aprobado por la Eurocámara. Se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor al día siguiente y tendrá doce meses de transición. Permite prolongar la detención hasta 24 meses y da cobertura legal a centros de deportación fuera de la Unión. Fuentes diplomáticas citadas por El Español indican que algún socio ha reprochado a Moncloa la oposición anunciada ya en diciembre de 2025. El rechazo, según los documentos preparatorios, no tendrá efecto práctico: solo vuelve a dejar al Ejecutivo aislado.
Por qué Interior se niega a acelerar las expulsiones
El Gobierno alega tres motivos. No hay reconocimiento mutuo automático de las expulsiones, y lo llama un «paso atrás». Los centros en terceros países generarían, a juicio de Marlaska, «inseguridad jurídica» y «garantías limitadas», y podrían trasladar a familias con hijos a países «con los que no tienen absolutamente ninguna vinculación». Las nuevas reglas de detención le parecen desproporcionadas, al permitir encadenar privaciones de libertad sin tope. La declaración oficial concluye: «los acontecimientos recientes en Ceuta han demostrado la necesidad de mecanismos específicos que garanticen un retorno efectivo en casos de entradas masivas y caóticas en las fronteras exteriores. Sin embargo, este reglamento no contiene medidas para abordar estas circunstancias excepcionales».
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449 expulsiones y la carta de los 22
El último informe del Consejo de Ministros cifra en 449 las expulsiones ejecutadas en dos meses —131 en la última semana— y en 7.794 los retornos voluntarios. El Ejecutivo no dice cuántos irregulares siguen en la ciudad, después del asalto de julio del que Moncloa sigue discutiendo los avisos previos. Eurostat sitúa a España, en el segundo trimestre, en 1.805 expulsiones sobre 7.825 órdenes (23,1 %), frente al 33,4 % de la UE (36.825 de 110.335). Veintidós líderes europeos atribuyeron lo de Ceuta al «efecto llamada» de la política de Sánchez, en particular la regularización masiva. El comisario Magnus Brunner insistió: «La principal expectativa de la Unión Europea, también de nosotros como Comisión, es que todo el mundo sea devuelto». La Comisión avisa de que esas llegadas «ponen en peligro nuestra seguridad y nuestra unidad comunes».
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