La deuda pública llega a 1,763 billones (101,5% del PIB) y la pensión media ya es el 65,25% del salario. El pasivo suma 74.000 millones en un año.
Lo que las encuestas y Europa ya habían advertido
Tras el anuncio de enero, Sigma Dos situó al partido de Abascal en el 18,3 % y 64 escaños. Antes de la avalancha, el 54,9 % de los españoles estaba poco o nada de acuerdo con legalizar a quienes residían en España antes del 31 de diciembre de 2025. El rechazo fue del 90,6 % entre los votantes de Abascal y del 80,6 % entre los de Alberto Núñez Feijóo; un 31,6 % de los del PSOE también se opuso. Hay 1.174.978 solicitudes. El dato electoral es el que ahora inquieta a La Moncloa.
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La bajada de pantalones de Sánchez a Marruecos se confirma en Ceuta: denuncia el ataque territorial pero evita reproches y señala al Supremo.
El PP como coartada para no asumir el fallo propio
Los ministros insistieron el jueves en que es “absolutamente imposible distinguir” las políticas de Feijóo y las de Abascal, después de que el líder popular se comprometiera a expulsar a todos los inmigrantes ilegales, “también los menores”. Con esa percha, el Gobierno convierte el recorte de subvenciones en un arma contra el PP y, de paso, contra cualquiera que rechace la regularización. No es una rectificación de la política migratoria; es una operación de relato.
Elma Saiz comparecerá el 28 de agosto en el Congreso. Habrá que ver si explica el impacto de la regularización o insiste en la amenaza a las entidades.
El Gobierno habría desatendido avisos reiterados sobre flujos migratorios y cesa a una funcionaria tras difundir cifras de entradas en Ceuta.
Al ciudadano: ¿se recortan ayudas por no compartir el discurso?
Lo que se está planteando al lector es una condición. Si Moncloa alienta recortar fondos a quienes ayudan a personas en situación irregular porque el PP pacta en otras comunidades, el aviso no va solo a una ONG de Ceuta. Va a quien disienta. La pregunta es si las ayudas dependen de no “ir con la ultraderecha” y si un Gobierno que promovió papeles para más de un millón de solicitudes puede ahora presentarse como garante del rigor. Amenazar un recorte de subvenciones no corrige el efecto llamada. Sirve para ganar tiempo y votos mientras la crisis en Ceuta sigue abierta.
