El Gobierno estudia pedir al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido que anule la resolución del Supremo que mantiene congelado el derecho de sufragio de 163.020 personas nacionalizadas por la ley de nietos sin haber acreditado el exilio político real de sus ascendientes. El alto tribunal rechazó este lunes el recurso de la Abogacía del Estado —apoyado por la Fiscalía— y confirmó la suspensión cautelar del 10 de septiembre. Para el Supremo, «la limpieza del censo debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano» y el derecho al voto «no es un derecho de carácter absoluto».
El Gobierno pretende que el TC anule la resolución del Supremo y reabra el coladero antes del 29-N
Según El Español, el Ejecutivo baraja acudir al Constitucional para intentar que los afectados por la ley de nietos puedan votar el 29 de noviembre. Pedro Sánchez ya había advertido el domingo que impedir el sufragio a «los nietos de exiliados» sería «inconstitucional». El calendario es muy ajustado: las reclamaciones al censo terminan el 19 de octubre y la documentación para el voto exterior se envía entre el 24 y el 30.
Los argumentos con los que el TS desactiva la adulteración del censo
El auto de la Sección Cuarta (cinco votos a uno) sostiene que la instrucción de 2022 del Ministerio de Justicia fue más allá de la ley al presumir el exilio a quien salió de España entre 1936 y 1955 aunque fuera por motivos económicos. El Supremo afirma que la limpieza del censo es un «valor supremo», que el derecho de sufragio no es absoluto y que el interés general de la pureza del proceso electoral prevalece sobre el interés particular. Culpa a la Administración: «No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla».
Marlaska critica al TS por su orden sobre los nacionalizados por la ley de nietos
El ministro del Interior afirmó durante la recepción de la Fiesta Nacional: «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos». Ángel Víctor Torres dijo que espera que el Constitucional se pronuncie antes del 29-N porque la suspensión «cercena un derecho fundamental en democracia». Rebeca Torró escribió que «los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados» y habló de un «anhelo fascista».
Censo electoral: 1.100.000 electores más
La Razón señala que el censo pasó de 37.469.458 electores en julio de 2023 a 38.568.424 en septiembre de 2026, un incremento de casi 1,1 millones. El INE sitúa el censo total para el 29-N en 38.728.356 electores, de los que más de 2,76 millones residen en el extranjero. Buena parte del crecimiento del CERA se vincula a las nacionalizaciones por la ley de nietos.
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La decisión del Supremo cierra la puerta a un recurso del Gobierno ante el Constitucional
20minutos precisa que solo los 163.020 afectados pueden personarse y acudir en amparo, no el propio Ejecutivo. El derecho al voto es individual y el Constitucional solo admite recursos de la Administración en casos excepcionales. Además, se trata de una medida cautelar provisional y el TC suele rechazar recursos prematuros. El censo aplicable ya está cerrado desde el 1 de agosto.
El Supremo rechaza el recurso y mantiene la suspensión para el 29-N
El alto tribunal desestimó las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que pedían levantar la medida por la «imposibilidad material» de revisar los expedientes a tiempo. Los magistrados reiteran que el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer y ordenan al INE que no inscriba en el CERA a quienes no acrediten el exilio.
El reloj electoral y los obstáculos prácticos para el TC
Los afectados tienen cinco días desde la publicación en el BOE para personarse. Si el Constitucional no se pronuncia antes del envío de la documentación electoral (24-30 de octubre), no podrán votar. El juicio de fondo sobre la instrucción de 2022 sigue abierto y cualquier sentencia definitiva llegaría, previsiblemente, después de los comicios.
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