Durante la declaración de Bartolomé Lora, que se prolongó aproximadamente una hora y media, admitió que se produjeron varios encuentros relacionados con el apoyo financiero que el organismo público otorgó a Air Europa. Estos contactos tuvieron lugar con anterioridad a la apertura oficial del plazo para solicitar las ayudas correspondientes. Lora negó cualquier tipo de irregularidad en el proceso de concesión del préstamo de 475 millones de euros que la entidad autorizó en noviembre de 2020.
Comparecencia judicial del alto cargo de SEPI y su posición ante las preguntas
El vicepresidente de SEPI respondió a todas las cuestiones planteadas por las partes en el procedimiento. Según las informaciones judiciales, Lora explicó que los encuentros mencionados se desarrollaron en el mes de julio de 2020. Su abogada señaló a la salida de la sede judicial que el investigado había contestado de forma completa a todas las preguntas formuladas, ya que disponía de información suficiente para hacerlo.
Lora rechazó hacer declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar su comparecencia. La investigación en la que declara forma parte de una causa abierta en un juzgado de Madrid tras la admisión a trámite de una querella presentada por PP y Vox. El magistrado instructor apreció en su momento que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. Lora ha mantenido en todo momento que no se produjeron irregularidades en la tramitación del expediente de rescate.
Encuentros celebrados entre junio y julio de 2020 y las personas que participaron
Otras informaciones judiciales han precisado que Lora detalló la celebración de cuatro reuniones entre los meses de junio y julio de 2020. Estas reuniones se centraron en el expediente relacionado con el rescate de la aerolínea. Aunque existe constancia de que los encuentros se llevaron a cabo, no se conservan actas de los mismos.
Tubos reunidos, la SEPI y Leire
La petición del rescate se elevó al Ministerio de Economía en el mes de junio, momento a partir del cual se produjeron los contactos. En las reuniones participaron representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia, miembros de SEPI y personal del Ministerio de Economía, que en aquella fecha estaba dirigido por Nadia Calviño. En uno de los encuentros estuvo presente también el entonces exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Lora explicó que la presencia de Saura tuvo carácter excepcional, dado que la compañía se consideraba de especial relevancia para el sector del transporte aéreo.
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Diligencias del juez y requerimiento de documentación completa a la entidad pública
La imputación de Lora deriva de la querella admitida a trámite por el titular del juzgado de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. En el auto correspondiente, el magistrado José María Escribano acordó requerir a SEPI la identificación de varias personas vinculadas al proceso: el secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las reuniones sobre el rescate de Air Europa, los técnicos que instruyeron el expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo. Todas estas personas podrían ser citadas en su momento.
Además, el juez solicitó a la entidad pública el expediente íntegro del préstamo, las actas completas de las sesiones, cualquier borrador o anexo distribuido a los vocales y a la presidencia, los listados de asistentes a las reuniones, la consulta de antecedentes remitidos y el informe completo emitido, especialmente en lo relativo a deudas o posibles impedimentos y su interpretación. También reclamó los informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos y recomendaciones realizadas, así como las respuestas de SEPI y del consejo gestor. Por último, pidió correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relacionados con el expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Según las fuentes judiciales consultadas, el vicepresidente de SEPI todavía no ha entregado la documentación requerida por el magistrado. El procedimiento continúa su tramitación ordinaria en el juzgado madrileño.
