La administración estadounidense ha puesto en marcha esta misma semana la llamada Llamada a la acción para el liderazgo y la seguridad del 6G. Se trata de un pacto con 24 “socios de confianza” destinado a fijar la hoja de ruta de las redes móviles de próxima generación, garantizar la seguridad de las comunicaciones y mantener a China al margen de esos desarrollos. España no está incluida. Mientras Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y otros once países europeos sí forman parte de la iniciativa, Madrid queda fuera de la alianza anti-China de Trump. El mensaje es inequívoco: Washington ya no considera a España un socio fiable en el ámbito tecnológico y de seguridad.
La exclusión no es casual. Fuentes del sector empresarial y diplomático señalan dos motivos principales. El primero es el deterioro de las relaciones bilaterales tras las reiteradas críticas de Donald Trump al insuficiente gasto en defensa español. El segundo, y más decisivo, es la extrema cercanía del Gobierno de Pedro Sánchez con Pekín, visible en contratos públicos en sectores sensibles y en la fuerte presencia de Huawei en las redes 5G españolas, empresa duramente cuestionada por Estados Unidos.
La arquitectura de la alianza y los socios elegidos
La iniciativa ha sido lanzada bajo el paraguas de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Según el propio comunicado oficial, reúne a gobiernos “socios de confianza” para impulsar “una visión y una hoja de ruta compartidas que garanticen el liderazgo en la próxima generación de comunicaciones globales”. Trump considera que las redes 6G son fundamentales para la seguridad nacional, la política exterior y “la prosperidad económica de Estados Unidos”.
Entre los 24 firmantes figuran las grandes economías europeas —Alemania, Francia, Italia y Reino Unido— junto a Albania, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, Rumanía y Suecia. Completan el grupo Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y Filipinas. Todos ellos, de un tamaño económico similar o inferior al español, han sido considerados fiables. España, no.
La alianza anti-China de Trump establece hitos concretos: coordinación e intercambio de información sobre investigación y desarrollo en 6G, evaluación de estrategias de financiación orientadas a prioridades de defensa y seguridad pública, análisis de riesgos estratégicos y de ciberseguridad en las inversiones de telecomunicaciones, y trabajo conjunto con la industria privada para dar forma a los estándares globales. También se prevé la promoción de políticas alineadas en organismos internacionales y la integración de principios de seguridad en las estrategias nacionales.
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Como ha declarado Arielle Roth, administradora de la NTIA, “trabajando ahora con socios de confianza, aseguraremos que las redes de próxima generación reflejen nuestros intereses de seguridad compartidos, fortalezcan nuestra competitividad e impulsen la innovación”. La inteligencia artificial confiable se considera esencial para el desarrollo y la operación de estas redes.
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Las razones de la exclusión: defensa y dependencia china
Las tensiones con Washington se han agravado por el rechazo español a elevar el gasto en defensa hasta los niveles reclamados por la Casa Blanca. Trump ha reiterado en varias ocasiones que España no cumple con sus compromisos dentro de la OTAN, lo que ha enfriado el clima bilateral. Sin embargo, el factor decisivo es la percepción de que España se ha convertido en el principal socio comercial de China en Europa.
En los últimos tres años se han anunciado inversiones chinas por valor de 7.900 millones de euros en cinco macroproyectos centrados en automoción, gigafactorías y energías renovables. Solo en el último mes se ha conocido la entrada de Geely con el 34 % de la planta de Almussafes, además de los movimientos de Chery en Cataluña, BAIC en Andalucía y SAIC Motor (MG) en Galicia. Estos acuerdos son interpretados en Washington como una vía de Pekín para sortear los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos.
Pedro Sánchez ha realizado cuatro visitas de Estado a Pekín entre 2023 y 2026 con el objetivo declarado de atraer inversión china y firmar decenas de acuerdos comerciales. Al mismo tiempo, la Administración española mantiene importantes contratos públicos con Huawei en sectores críticos. Esta combinación ha llevado a Estados Unidos a dejar de considerar a España un socio fiable, exactamente como advierte la propia administración en documentos previos: “Los países que eligen proveedores chinos no fiables desincentivan nuestra inversión”.
La exclusión de la alianza anti-China de Trump llega precisamente cuando el Ejecutivo español sigue bloqueando en Bruselas intentos de vetar a Huawei de las redes europeas, priorizando los pactos industriales con China sobre las preocupaciones de seguridad compartidas por la mayoría de socios occidentales.
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Consecuencias para la competitividad tecnológica española
Quedar fuera de este foro supone un riesgo concreto de pérdida de inversión digital y de transferencia de I+D. Las empresas españolas del sector tecnológico se enfrentan ahora a una desventaja estructural: mientras sus competidores europeos y asiáticos participarán en la definición de estándares, en la coordinación de financiación y en el acceso preferente a información sobre ciberseguridad y cadenas de suministro, España permanecerá al margen.
El sector empresarial advierte de que se trata de un “duro golpe” a los esfuerzos por situar al país en el mapa de las nuevas tecnologías. La decisión de Washington no es simbólica: define quiénes diseñarán las reglas del juego de las comunicaciones del futuro y quiénes se limitarán a comprar tecnología desarrollada por otros. La apuesta del Gobierno por una relación privilegiada con China ha tenido un coste medible en términos de confianza estratégica con el principal aliado tecnológico de Occidente.
La alianza anti-China de Trump deja claro que la seguridad de las redes y la independencia tecnológica no son negociables. Mientras otros países europeos de menor peso económico han sido admitidos, España paga el precio de una política exterior que ha priorizado los acuerdos con Pekín sobre la alineación con los socios tradicionales. El aislamiento en el 6G no es un accidente diplomático; es la consecuencia lógica de años de decisiones que han erosionado la credibilidad de Madrid ante Washington.
