La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal especializada en la falsificación de documentos para regularizar a migrantes en situación irregular en España. La red, con base principal en Zaragoza, habría facilitado documentación falsa a más de 5.000 personas para iniciar trámites de autorización de residencia temporal, cobrando cantidades elevadas por sus servicios.
Cómo se inició la investigación
La operación arrancó al detectar un incremento notable en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal presentadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular de diversas nacionalidades. El análisis inicial reveló que muchas de estas solicitudes incluían documentación no auténtica, usada para simular fraudulentamente el cumplimiento de los requisitos legales.
La estructura de la red criminal
Los agentes confirmaron la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada principalmente en la provincia de Zaragoza, con ramificaciones en Alicante, Murcia, Huesca, Barcelona y Teruel. La red captaba a migrantes ya asentados en España que deseaban regularizar su situación y les guiaba en todos los trámites necesarios. Ofrecían gestionar las autorizaciones incluso sin que el interesado se desplazara físicamente en muchos casos: mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y certificados médicos, entre otros documentos para aparentar el cumplimiento de los requisitos.
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Empadronamientos y contratos de trabajo falsos
Para generar empadronamientos fraudulentos utilizaban varios métodos:
Falsificaciones de documentos de identidad y autorizaciones de propietarios de viviendas.
El método “look-alike”: personas con parecido físico se presentaban en lugar del interesado para evitar su presencia real en el municipio o en España. Los miembros transportaban e intercambiaban documentación ajena (incluidos pasaportes), cobrando cantidades adicionales por ello.
Además, creaban empresas pantalla para:
Justificar ingresos ficticios en España.
Formalizar contratos laborales inexistentes.
Tramitar altas en la Seguridad Social que se anulaban pocos días después, solo para aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.
Precios y alcance de la trama
Los servicios se cobraban así:
Entre 600 y 900 euros por un empadronamiento fraudulento.
Entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato de trabajo ficticio.
Alrededor de 500 euros por el transporte de migrantes y entrega de documentación asociada.
Se estima que, desde el inicio de sus actividades delictivas, la organización habría proporcionado los documentos necesarios para iniciar trámites de regularización a más de 5.000 inmigrantes en situación irregular.
Resultado de la operación: 61 detenidos
En la operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con colaboración esencial del Ayuntamiento de Zaragoza, se detuvo a 61 personas:
56 en Zaragoza.
2 en Barcelona.
2 en Huesca.
1 en Teruel.
Entre los arrestados figuran los principales cabecillas de la red, de nacionalidades española, argelina y marroquí. De ellos, 18 eran miembros directos de la organización criminal y el resto formaba parte de la red clientelar y de colaboradores.Se realizaron entradas y registros en cuatro domicilios de Zaragoza, donde se incautó dinero en efectivo, documentos falsos y diversa documentación relacionada. La operación permanece abierta y no se descartan más detenciones.
Cooperación institucional necesaria
La estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza fue determinante: facilitó medios materiales y documentales que agilizaron la obtención de información relevante, la localización e identificación de los implicados, y la neutralización completa de la estructura criminal. Esta coordinación entre servicios municipales y equipos policiales especializados garantizó la eficacia de la operación y la integridad de la investigación.
