La resolución económica del trágico caso de asesinato que conmocionó a la sociedad francesa en octubre de 2022 ha tomado un rumbo que genera un intenso debate público. Dahbia B., la ciudadana de origen argelino que se encontraba en situación irregular y que fue condenada por el brutal asesinato de la menor Lola, de 12 años, se ha declarado oficialmente insolvente.
Esta situación procesal implica que los recursos destinados a compensar económicamente a los familiares de la víctima no provendrán de los bienes de la condenada. Como consecuencia directa, el sistema legal del país vecino establece que el Estado civil asumirá el desembolso financiero, lo que se traduce en que la indemnización por el asesinato de Lola será costeada de forma indirecta por los contribuyentes franceses que deberán asumir los 225.000 euros de indemnización exigidos por la familia de la víctima a través del Fondo de Garantía de las Víctimas de Delitos (FGTI).
El asesinato que conmocionó a Francia
En octubre de 2022, el cuerpo de Lola Daviet, de tan solo 12 años, fue hallado dentro de una maleta en el patio de su edificio en París. La menor había sido violada, torturada y asesinada con extrema violencia. La autora, Dahbia Benkired, una argelina en situación irregular con una orden de expulsión (OQTF) pendiente desde hacía tiempo, nunca fue deportada pese a los avisos.
Este caso no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política de fronteras abiertas impulsada por gobiernos de izquierdas como el de Macron, similar a la que promueven PSOE y sus aliados en España. La izquierda prioriza al delincuente extranjero antes que a la seguridad de los niños europeos. Como señaló la familia, “es el colmo de la injusticia”.
“El Estado falla en proteger a sus ciudadanos, falla en expulsar a los delincuentes y, para rematar, hace que los propios ciudadanos paguen por los errores de su política migratoria”, denunciaron los familiares.
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En lugar de endurecer las deportaciones, las autoridades francesas permitieron que esta inmigrante ilegal permaneciera en el país, generando un coste humano y económico intolerable.
Los franceses pagan la factura de la inmigración ilegal descontrolada
Dahbia Benkired no posee bienes ni ingresos. Sus abogados han confirmado su insolvencia, por lo que el Fondo de Garantía de las Víctimas de Delitos (FGTI), financiado íntegramente por una tasa obligatoria sobre los seguros de los franceses (hogar, coche, vida, etc.), cubrirá la indemnización completa.
En la práctica, cada ciudadano francés terminará financiando con sus primas el asesinato de una niña a manos de quien nunca debió pisar suelo galo. Esta perversión del sistema es la mejor prueba de que la inmigración ilegal no es gratuita: siempre la pagan los europeos de a pie.
Este mecanismo revela la hipocresía de la izquierda europea: abren las puertas sin control, ignoran las órdenes de expulsión y, cuando ocurre la tragedia, socializan el daño. En España, las mismas políticas del PSOE han generado situaciones paralelas de inseguridad en barrios y ciudades.
La falta de expulsiones efectivas multiplica la reincidencia delictiva, como advierten informes de Europol. Casos como el de Lola demuestran que las mafias de tráfico de personas y la ausencia de control fronterizo generan riesgos reales para la seguridad ciudadana.
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Fronteras seguras frente al buenismo suicida
Este nuevo agravio a la familia de Lola reabre el debate sobre la necesidad urgente de revertir las políticas migratorias fracasadas. Mientras la izquierda acusa de “xenofobia” a quien exige deportaciones inmediatas de ilegales con antecedentes, la realidad muestra niñas asesinadas y contribuyentes estafados.
Gobiernos como el de Macron, y sus equivalentes socialistas en España, han demostrado que su enfoque solo genera más víctimas y más gasto público. Es hora de priorizar a los nacionales, ejecutar las expulsiones pendientes y acabar con este modelo que castiga al ciudadano honrado.
