El Frente Cívico por la Calidad Democrática ha firmado un convenio con la Universidad Europea de Madrid para reforzar la vía legal frente a la práctica de secuestrar leyes en el Congreso. Agrupa a colectivos que dicen representar a un millón y medio de afectados y espera a que el Tribunal Supremo decida sobre la denuncia por prevaricación contra Francina Armengol y los miembros de PSOE y Sumar en la Mesa.
Convenio académico contra la decisión de secuestrar leyes
El pacto da acceso a la Clínica Jurídica de esa universidad para elaborar informes y estudios. Estudiantes, bajo supervisión de profesores, analizarán las prórrogas reiteradas de los plazos de enmiendas. Los firmantes aseguran que buscan «aportar rigor jurídico y académico» y «profundizar en las posibles vías jurídicas y parlamentarias» para que las iniciativas se tramiten, se debatan y se voten. Ya han registrado escritos ante la Mesa y preparan contactos con los grupos. El acuerdo se suma a una ofensiva que no sustituye a la denuncia presentada el 25 de marzo por Avite.
Prevaricación por omisión y el fallo del Constitucional
Avite acusa a Armengol y a la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de un «delito continuado de prevaricación administrativa por omisión». El Constitucional, en la sentencia 32/2026, describió como «práctica obstruccionista» las 70 ampliaciones ligadas al Real Decreto-ley 36/2020 y como «pretexto o subterfugio» el uso de la Mesa para dejar sin efecto el derecho de los diputados. El Ejecutivo activó esa vía tras perder el apoyo de Junts y para eludir más derrotas en el Pleno. Ni la Mesa que preside Armengol —ya señalada en otras piezas sobre su etapa en Baleares— ni un Partido Popular que no ha conseguido desbloquear la Cámara han puesto fin al atasco.
Talidomida, prisiones, costas y ocupación
En el frente están las víctimas de la talidomida —que reclaman la exención fiscal de sus ayudas—, funcionarios de prisiones, afectados por la Ley de Costas, profesionales de la imagen personal y afectados por la ocupación. Piden una sola cosa: que las proposiciones salgan del limbo y se voten. El manifiesto del colectivo denuncia «iniciativas legislativas […] secuestradas en un limbo parlamentario artificial». La sociedad civil ocupa así el hueco que dejan un Gobierno que maniató el Congreso y una oposición que no ha restaurado su funcionamiento.
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