La ley de lobbies une a CEOE y sindicatos frente al decreto de Sánchez

El Gobierno ha conseguido lo inhabitual en esta legislatura: alinear a la patronal y a los grandes sindicatos. La ley de lobbies, aprobada por real decreto a finales de agosto, les trata como grupos de interés obligados a anotar sus contactos con altos cargos, mientras excluye a partidos, administraciones y autoridades extranjeras. El texto ya produce efectos teóricos; el Congreso decide el 16 de septiembre si lo convalida.

Qué impone la ley de lobbies y a quién no alcanza

La norma —presentada como pionera en España— define «grupos de interés», «influencia» y cargos susceptibles de recibirla. Crea un registro público y gratuito y obliga a los altos cargos a publicar en un mes las reuniones con quienes figuren en él. El incumplimiento puede costar hasta 40.000 euros y cinco años de prohibición. Quedan fuera los partidos; no así los agentes sociales de los artículos 7 y 37 de la Constitución.

Garamendi corta el diálogo hasta la votación

Antonio Garamendi anunció que no hablará con el Gobierno hasta el 16 de septiembre y pidió a los grupos que tumben el decreto. «Nos han incluido cuando estamos en la Constitución española como agente social. […] va a ser muy complicado que nos pongamos a hablar con esta ley».

«No somos un lobby»: el argumento sindical

Unai Sordo (CCOO) tildó de «despropósito» confundir al sindicato con un grupo de presión: «somos un sujeto constitucional» y pidió modificar o no aprobar la norma. Pepe Álvarez (UGT) dijo no conocer «ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies» y no descartó «declararnos en rebeldía». Bruselas, desde 2011, ya tiene un registro con casi 18.000 inscripciones; CEOE, UGT y CCOO figuran en él. El Ejecutivo alega que la reforma es parte de lo pactado con la Comisión para los fondos europeos. Si el Congreso no convalida, el decreto decae. Queda el debate de fondo: una posible red de influencias que el poder quiere alumbrar solo cuando no le señala a él.

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