Si te perdiste la primera parte, pincha aquí: Historia del gang del psoe primera parte impacto institucional y magistrados afectados
Por Enrique J. Ortiz
En 1997, el escenario procesal español se vio sacudido por el denominado caso Sogecable. La instrucción penal iniciada en el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional por el magistrado Javier Gómez de Liaño derivó en una confrontación inédita entre la obligación de investigar del juez y la cúpula directiva del Grupo Prisa, conglomerado mediático con una alineación editorial decisiva en favor de los gobiernos del PSOE.
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En noviembre de 1999 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo y acuerda la pérdida definitiva de la condición de juez de Gómez de Liaño, quien formalmente ya había dimitido como vocal del CGPJ en enero de 1994. Y es que el poder de Felipe González, como ahora el de Sánchez era incontestable.
En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar le concede el indulto, restituyéndole sus derechos civiles pero sin reincorporación automática a la carrera. Finalmente en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicta una relevante sentencia mediante la cual condena a España al declarar violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un tribunal imparcial), al constatar que dos de los magistrados del Tribunal Supremo que le condenaron por prevaricación habían participado con anterioridad en resoluciones incidentales de la misma causa, quebrando la imparcialidad objetiva del juzgador. Queda claro que fue Felipe Gonzáles, el del PSOE bueno, quien empezó metiendo mano a la justicia y no castigando la corrupción, ya entonces galopante.
La marejada procesal desencadenada por el caso Sogecable no se restringió a la judicatura de instrucción, sino que alcanzó de lleno a la cúpula del Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional.
Las interferencias en la Fiscalía prefiguraron un escenario de lo más opaco y de colisión institucional, en el que la investigación de la denominada "policía patriótica" y los atentados del 11-M terminaron entrelazándose con el destino de magistrados de instrucción en Madrid.
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