Un archivo interno de noviembre de 2024, atribuido a Leire Díez Castro y a Javier Pérez Dolset, sitúa en el punto de mira a Beatriz Biedma y a otros tres jueces de Badajoz. El texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, resumiría operaciones de la presunta célula de Ferraz para desacreditar a quienes instruían la causa de David Azagra.
La diana sobre otros tres jueces de Badajoz
El documento incluiría a Emilio García-Cancho, entonces titular del Juzgado de Instrucción 2 y hoy presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz; a su esposa, Samantha Reynolds Barredo, entonces en el Juzgado de Instrucción 5; y a Marta Hernández Sánchez, del Juzgado de Instrucción 4. También aparece el letrado Juan Antonio Díaz-Ambroma Cancho, descrito como familiar y amigo de aquellos magistrados. El colaborador en la ciudad sería el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada.
Denuncias ante Fiscalía y campañas de descrédito
El PSOE interpuso denuncias ante la Fiscalía General para cuestionar la imparcialidad de esos jueces. Los fontaneros habrían buscado datos comprometidos para campañas de difamación y crear un «ambiente insoportable» que condicionara el trabajo de Biedma y de las instancias que debían resolver recursos. La Abogacía del Estado, tutelada por Moncloa, pidió el sobreseimiento; la Fiscalía reclamó el archivo y atribuyó a la instructora «conjeturas e hipótesis».
El plan no evitó la condena de Azagra
Pese a esa ofensiva, la Audiencia Provincial condenó en julio a David Azagra a nueve años de inhabilitación por prevaricación, al considerar acreditado que se creó «una plaza de empleo público innecesaria» para el familiar del jefe del Ejecutivo. Pedraz ha aceptado la personación de Biedma como perjudicada; el Ministerio Público aprecia indicios de calumnias, no de obstrucción a la Justicia. Anotaciones de Díez apuntan a contactos con el clan de los Rocho; Cintia Rocho habría reconocido llamadas de emisarios del PSOE para dar un «susto» a la magistrada y a los jueces citados.
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