Por Enrique J. Ortiz
Si te has perdido las entregas anteriores, puedes verlas aquí:
Historia del "gang" del PSOE - PRIMERA PARTE: Impacto Institucional y Magistrados Afectados
La interacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en España ha experimentado episodios de acentuada tensión institucional durante las etapas de...
Historia del "gang" del PSOE - SEGUNDA PARTE: Javier Gómez de Liaño y el Conflicto Sogecable
En 1997, el escenario procesal español se vio sacudido por el denominado caso Sogecable. La instrucción penal iniciada en...
María del Coro Cillán: Investigaciones Sensibles, Cloacas Policiales y Condena por Prevaricación
La trayectoria de la magistrada María del Coro Cillán y García de Iturrospe en el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid constituye un caso complejo sobre la frontera entre la investigación de procedimientos con elevado impacto político, la acción encubierta de los aparatos de inteligencia policial y la aplicación dogmática de las normas sancionadoras por prevaricación judicial.
Cillán se formó en la disciplina penal y ejerció como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. En el plano político, durante la Transición concurrió como número 2 en la candidatura de la coalición conservadora Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa en las elecciones generales de 1979, sin resultar electa. Ingresada en la carrera judicial, estuvo destinada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa —donde fue sancionada disciplinariamente en tres ocasiones por retrasos acumulados en el dictado de resoluciones— antes de obtener la titularidad del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid.
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La juez había jugado con fuego y se quemó. El fin de la carrera judicial de Coro Cillán no se produjo por vía disciplinaria administrativa, sino mediante la exigencia de responsabilidad penal en el denominado caso Moma. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mediante sentencia de 11 de octubre de 2013, la condenó por un delito continuado de prevaricación judicial (art. 446.3º del Código Penal), fallo ratificado de forma íntegra en septiembre de 2014 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo ponente el magistrado progresista Joaquín Jiménez García, fundador de Jueces para la Democracia y posteriormente junto Cándido Conde-Pumpido o Juan Alberto Belloch defensor de la modernización de la Justicia. Presidió el tribunal que condenó al exjuez Baltasar Garzón, aunque se distanció de sus compañeros en algunas valoraciones del fallo.
Debe tenerse en cuenta que las condenas por casos de prevaricación judicial en España son sumamente escasos y, entre los pocos magistrados condenados en las últimas décadas, destacan algunos nombres propios donde los tribunales apreciaron la forma continuada o la comisión de múltiples resoluciones injustas como son los casos de Elpidio José Silva (2014), debido a sus decisiones durante la instrucción del caso Blesa o Luis Pascual Estevill (1996/2005) debido a una práctica sistemática y continuada de extorsión a empresarios a cambio de no encarcelarlos de manera irregular.
Deriva personal y vertiente constitucional-asistencial
El examen analítico de la relación entre los gobiernos del PSOE y el Poder Judicial a lo largo de las últimas cuatro décadas permite extraer conclusiones definitivas sobre la fragilidad del Estado de derecho ante la injerencia del Poder Ejecutivo y el uso de los aparatos del Estado.
Los magistrados de instrucción y fiscales que asumen la investigación de la financiación ilegal de los partidos políticos, la corrupción institucional o las tramas policiales sufren un nivel de exposición mediática y presión política desproporcionado. El sistema procesal requiere mecanismos reforzados que garanticen la inamovilidad real y la protección de su función jurisdiccional. A eso hay que sumar la inhibición o tibieza institucional del Consejo General del Poder Judicial al atender las peticiones de amparo formal formuladas por los instructores (art. 14 LOPJ) desencadena la salida prematura de magistrados independientes de la carrera judicial, como demostró la renuncia de Marino Barbero en el caso Filesa.
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