El brutal asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que había huido de la guerra en busca de seguridad en Estados Unidos, vuelve a poner en evidencia las graves fallas de un sistema judicial que prioriza los derechos de los delincuentes sobre la protección de las víctimas inocentes. El agresor, con un largo historial delictivo, fue declarado mentalmente incapaz de enfrentar un juicio estatal, lo que suspende temporalmente el proceso y genera una profunda indignación.
El crimen que conmocionó a Charlotte
El ataque aleatorio en el tren ligero de Charlotte El 22 de agosto de 2025, Iryna Zarutska regresaba de su trabajo en una pizzería y estudiaba inglés en un centro comunitario cuando subió al Lynx Blue Line. Sin mediar provocación alguna, Decarlos Brown Jr., de 35 años, se levantó y la apuñaló repetidamente con una navaja plegable, alcanzándola especialmente en el cuello. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la joven se sentó frente a él, ajena al peligro.
“Este acto salvaje e imperdonable exige la máxima pena”, señaló en su momento el presidente Donald Trump, quien ha exigido la aplicación de la pena de muerte en el ámbito federal. El caso ha servido para denunciar las políticas de “no cash bail” y la liberación sistemática de reincidentes que ponen en riesgo a ciudadanos y refugiados por igual.
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El historial del agresor y la decisión judicial
Un delincuente en libertad pese a sus antecedentes Brown acumulaba al menos 14 detenciones desde 2007 por agresión, robo, posesión de armas y otros delitos graves. Había cumplido condena por robo a mano armada y, en el momento del asesinato, se encontraba en libertad tras una reciente liberación sin fianza, con la única obligación de comparecer ante el tribunal. Su familia alega que padece esquizofrenia.
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En diciembre de 2025, una evaluación psiquiátrica en el Central Regional Hospital concluyó que Brown era “incapable to proceed” (incapaz de proceder). Su defensa solicitó el 7 de abril de 2026 aplazar 180 días la audiencia sobre su capacidad mental, y la Fiscalía no se opuso. Si el juez acepta el dictamen, los cargos estatales por asesinato podrían desestimarse, aunque podrían reactivarse si recupera la competencia. Mientras tanto, permanece bajo custodia federal, donde enfrenta cargos que podrían conllevar la pena capital.
“Si era capaz de apuñalar salvajemente a una joven inocente, debe ser capaz de responder ante la justicia”, afirman voces críticas con el sistema actual, que destacan cómo las deficiencias en salud mental y la falta de plazas en centros psiquiátricos se convierten en excusa para dilatar procesos y eludir responsabilidad.
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El debate sobre seguridad y justicia
Un sistema que falla a las víctimas Este caso ha impulsado iniciativas como la “Ley de Iryna” propuesta por el gobernador de Carolina del Norte, destinada a endurecer las condiciones de libertad bajo fianza para delincuentes violentos y reincidentes. Sin embargo, desde posiciones afines a Vox, se critica duramente que tanto en EE.UU. como en Europa, las políticas de izquierdas —y la tibieza de formaciones como el PP en España— antepongan la “reinserción” y los supuestos derechos de los criminales a la seguridad de las personas decentes.
El asesinato de Iryna Zarutska no fue un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un modelo que libera una y otra vez a individuos con historiales violentos mientras deja desprotegidas a las víctimas. La justicia no puede ser un juego de excusas psiquiátricas cuando una vida joven y prometedora ha sido truncada de forma brutal.
El debate está servido: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que el progresismo judicial convierta las calles en zonas de riesgo para quienes solo buscan una vida mejor?
