Por Enrique J. Ortiz
Se nos está quedando la Sierra Oeste con el color de la desdicha y el olor de la resina quemada. Uno, que ha caminado por estas veredas cuando el aire era limpio y el campo una promesa de vida, asiste hoy con el alma encogida al espectáculo del fuego, ese monstruo insaciable que no entiende de linderos ni de razones. El humo ha llegado hasta el mismo cielo de Madrid capital, tiñendo de gris el horizonte de los hombres que viven de espaldas a la tierra. Pero es allá, en las estribaciones de la sierra, donde el drama se escribe con ceniza y lágrimas.
El desastre, como casi siempre en este país nuestro, tiene su raíz en el descuido o en la fatalidad de la máquina. El incendio que hoy devora San Martín de Valdeiglesias no nació de un rayo caído del cielo, sino del hierro herido de un coche que ardió en el arcén de la M-501 y que todavía nadie ha desmentido que no fuera eléctrico. Esa cinta de asfalto, que el ministro Óscar Puente descuida hoy con la urgencia de quien ve cortarse las venas de la comunicación, se convirtió en la mecha de una tragedia que ya ha unido tres focos distintos en un solo gigante negro. Se han cortado veintinueve carreteras, y mientras los pueblos quedan aislados, con las telecomunicaciones rotas como si hubiéramos retrocedido un siglo.
Al otro lado, en las tierras abulenses de Burgohondo, el fuego no fue un accidente del motor, sino el fruto de la imprudencia humana, esa soberbia que nos hace creer que podemos dominar al monte en los días de mayor canícula. Dos personas están ya bajo la lupa de la Guardia Civil por manejar maquinaria pesada cuando el sol más castigaba, desoyendo las prohibiciones que dicta la sensatez. Es el hombre contra el paisaje, el hierro contra el roble, y el resultado son nueve mil hectáreas calcinadas en un perímetro que supera los setenta kilómetros, lamiendo incluso la bellísima Reserva Natural del Valle de Iruelas, ese sagrario de biodiversidad que la Junta de Castilla y León intenta salvar del olvido.
Uno se pregunta quién es el dueño de tanto desastre. Se tiene la idea, a veces, de que el monte es una abstracción del Estado, pero la realidad es mucho más menuda y fragmentada. En España, el setenta y dos por ciento de la masa forestal está en manos de particulares. Son unos tres millones y medio de propietarios, gente de campo o herederos ausentes, que poseen pequeños minifundios de apenas cinco hectáreas. Y aquí radica la primera responsabilidad: la ley, clara y tajante, dicta que el desbroce y la limpieza de los terrenos corresponden al dueño, sea este un vecino del pueblo o el propio ayuntamiento. El Estado, ese ente que a veces parece tan lejano, solo posee un raquítico uno por ciento del total del suelo forestal.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
Sin embargo, cuando el fuego salta y la emergencia se vuelve nacional, alcanzando el Nivel 3, es el Gobierno de la Nación quien toma el mando a través del Ministerio del Interior. Aquí entra en juego la figura del Delegado del Gobierno, que ha tenido que coordinar el despliegue de más de tres mil efectivos, incluyendo a esa Unidad Militar de Emergencias que es hoy la última esperanza de los desesperados. El Delegado, como representante del Estado en el territorio, es quien debe coser la ayuda que llega incluso de fuera, con esos aviones "FOCA" que vienen de Italia y Grecia como pájaros de hierro para sofocar nuestra propia desidia.
Pero no nos engañemos, la responsabilidad no termina cuando se apagan las brasas. El campo tiene memoria y la ley, a veces, también. La Ley de Montes, en su artículo cincuenta, impone una penitencia necesaria: treinta años de prohibición para cambiar el uso del suelo quemado. No habrá ladrillos sobre la ceniza del Encinar del Alberche ni sobre los campings devorados como La Ardilla Roja. La normativa de ordenación del territorio es taxativa: el suelo rural es para el cultivo, el ganado o el bosque, y el fuego no puede ser nunca el pincel que dibuje una nueva urbanización. El objetivo es evitar que el fuego sea negocio, protegiendo ese carácter rural que es, en definitiva, nuestra seña de identidad más profunda.
Mientras el ministro Puente hace política con los socavones de las carreteras y el delegado Fran piensa en los animales, en los corzos y en las aves que han visto su casa convertida en un infierno. Se han perdido viviendas en urbanizaciones privadas y se ha puesto en jaque el patrimonio, como el monasterio de Pelayos, que ha visto pasar de cerca la guadaña de fuego. La gestión es ahora una carrera contra el viento, aprovechando esas ventanas de oportunidad que nos regala el clima cuando la temperatura baja y el aire se calma.
La tierra que no conoce fronteras de estatutos ni de parlamentos. Es la misma que se abre bajo el tractor en la meseta y bajo el olivo en la Andalucía profunda; la que sostiene el hayedo en el norte y el secano en la Mancha. Esa tierra —el suelo rural, el rústico, el que todavía no ha sido convertido en solar (dice la le)— no pertenece a ninguna comunidad autónoma. Pertenece a los hombres que la labran y a los que vendrán detrás de nosotros. Y, sin embargo, la hemos entregado a diecisiete manos distintas, cada una con su propia ley, su propio interés y su propio olvido.
He visto cómo en un mismo paisaje, separado solo por una línea imaginaria en un mapa, se permite lo que al otro lado se prohíbe. Se reclasifica, se urbaniza, se fragmenta. Se vende el futuro por un presente de ladrillo y especulación. Y el suelo, que es lento y paciente, no sabe de autonomías: sabe de erosión, de contaminación, de silencio. Cuando una comunidad cede, las otras no tardan en seguirle, porque el lucro no entiende de fronteras. Así se va perdiendo, pedazo a pedazo, lo que debería ser patrimonio de todos.
No se trata de quitar a nadie lo suyo. Se trata de devolver a la tierra lo que es de la tierra. Hace falta una norma única, nacional, que diga con una sola voz lo que se puede y lo que no se puede hacer con ese suelo que todavía respira. Una norma que no se doble ante el alcalde de turno ni ante el consejero que mira solo su legislatura. Una norma que proteja el campo como se protege un bosque viejo: no porque sea útil hoy, sino porque sin él mañana no seremos nada.
El campo no pide privilegios. Pide solo que no lo partan en pedazos, que no lo dejen a merced de quien lo mira con ojos de promotor. Si seguimos gestionándolo por separado, acabaremos convirtiéndolo en un mosaico de conveniencias. Y entonces, cuando queramos recuperarlo, solo quedará el recuerdo de lo que fue: una tierra común que un día decidimos dividir, y que se nos escapó entre las manos.
La responsabilidad, al cabo, es un reparto de cargas. Del propietario que no limpia su linde, del ayuntamiento que no vigila sus montes de utilidad pública, y de la administración que debe estar lista para la catástrofe y que nunca cumple con las promesas. Pero es también nuestra, de los que miramos el monte solo como un decorado para el domingo. Hoy, la Sierra Oeste y las tierras de Ávila son un mapa de dolor donde el pino y el roble han sido sustituidos por la desolación. Queda el trabajo de los bomberos, el rugido de los motores del ministro y la coordinación del Delegado bueno para nada, pero, sobre todo, queda el silencio que deja la tierra cuando se siente herida de muerte por el fuego del hombre.
